Así muere un colegio público en España

El colegio público Juan XXIII ocupa un edificio enorme en mitad del barrio de San Juan, uno de los más humildes de Mérida. El jueves, en el recreo, solo un puñado de alumnos ocupa el patio, que incluye una pista de baloncesto y otra de fútbol. Construido en 1985 con capacidad para más de 400 estudiantes, hoy solo están matriculados allí 39, repartidos entre todos los cursos de infantil y primaria. Esa es la parte que nadie discute; a partir de ahí, sin embargo, parece que la Consejería de Educación de Extremadura y los padres del centro estuvieran hablando de colegios distintos. La Administración describe una especie de gueto que hay que cerrar (ha decidido hacerlo al final de curso) porque, con altas tasas de absentismo y repetidores, no garantiza la “igualdad de oportunidades ni la inclusión” de los pocos chicos, todos “especialmente vulnerables”, que se concentran allí. Ana León, empleada pública, madre de una niña con altas capacidades, y Mari Carmen Muñoz, auxiliar de enfermería, madre de un chico con discapacidad intelectual, defienden que, muy al contrario, se trata del único colegio que ha sabido garantizarles una buena educación. Explican que el compromiso de los profesores y, precisamente, lo exiguo del alumnado lo convierten en un “laboratorio de buenas prácticas” que merece la pena conservar, igual que se mantienen abiertos centros rurales con muy pocos estudiantes para no matar a los pueblos.

Pero las cuentas no salen —el centro “está funcionando al 8,7% de su capacidad”, dice una portavoz de la consejería— y la decisión —”necesaria y responsable”, aunque también “dolorosa y de último recurso”, continúa— ya está tomada. La directora del colegio, Cecilia Chamorro, admite con dolor que “quizás es ya tarde”, aunque probablemente “se podrían haber intentado muchas cosas antes”. El Juan XXIII lleva más de 20 años desangrándose, poco a poco, con esa imagen de puertas adentro y la otra, infinitamente peor y más poderosa, hacia fuera, perdiendo alumnos por el descenso de la natalidad y la competencia de dos colegios concertados que hay, a 350 y 800 metros, en los dos extremos del barrio.

A Chamorro le duele profundamente que la idea que quede sea que ella y sus compañeros no están ofreciendo “la educación que se merece y debe tener cada niño”. “Me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho”, dice. Pero tampoco quiere cargar contra los concertados, como algunos padres, sindicatos y defensores de la pública en general, que creen que la Administración debería quitarles las subvenciones antes de cerrar el centro. “Como dijo la delegada de Educación [del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo], al final, el colegio está en este punto porque las familias no lo han elegido”, reconoce. De nada sirve echarles ahora la culpa a esas familias o a los centros concertados; lo importante es preguntarse por qué ha pasado: “Todos, absolutamente todos tenemos que tomarnos el cierre de un colegio público como un fracaso. Hemos fracasado y tenemos que aprender de ello”.

Una reflexión que puede servir para Mérida, para toda Extremadura y en casi cualquier punto de España. En las próximas dos décadas, la curva descendente de natalidad hará que el alumnado de enseñanza obligatoria (hasta 16 años) disminuya un 23,4%, según los cálculos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El ambicioso informe del Gobierno España 2050, que trata de fijar una estrategia de país a medio y largo plazo, va más allá: prevé que a mitad de siglo el país “tendrá unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años”, lo que “equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019″. El texto propone aprovechar ese descenso para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero, en el camino, puede significar el cierre de muchos colegios.

Ya está ocurriendo. En Badajoz todo el mundo tiene en la cabeza la clausura en 2020 del colegio público El Cristo de Villanueva de la Serena, un centro de características similares al Juan XXIII. En la Comunidad de Madrid, cerraron el curso pasado dos colegios públicos y un instituto de secundaria en Alcalá de Henares. En Huelva, hará lo mismo el año que viene el colegio Tres Carabelas, en La Orden, el barrio más poblado de la ciudad. Y en toda Andalucía se suceden desde el año pasado las protestas por el cierre de aulas públicas.

En el País Vasco, el debate ha sido tan intenso que uno de los puntos del pacto educativo que acaban de firmar los partidos que representan el 88% del Parlamento autónomo habla de “la racionalización de la planificación que, en este contexto de bajada de natalidad, haga una oferta ajustada a las necesidades de la demanda, evitando las sobreofertas, y las infraofertas, que puedan dar ocasión a un aumento de la segregación”.

El recrudecimiento de las clásicas tensiones entre la pública y la concertada parece inevitable, pues en muchos lugares la supervivencia de unos u otros dependerá de las decisiones que se tomen a partir de ahora. De hecho, uno de los grandes conflictos durante la tramitación de la ley educativa aprobada en diciembre de 2020 fue la eliminación de una frase que había introducido la anterior norma, del PP, que decía que la programación de la oferta escolar tendría en cuenta “la demanda social”. Esto, en la práctica, significaba reconocer el derecho a obtener o mantener un concierto siempre que haya demanda.

Menos alumnos por clase

La frase se eliminó, pero lo cierto es que la pública sigue en desventaja a la hora de decidir dónde aplicar la tijera, opina el profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona Xavier Bonal. “La pública se rige por decisiones políticas y la concertada, por contrato y, si le quieres cerrar una o dos líneas, se van al juez y en 10 minutos las tienen otra vez puestas. Los conciertos, o los retocas cuando tienen que renovar, cada seis años, o durante ese periodo, aunque haya alteraciones demográficas, tienes muy poco que hacer”. Bonal aboga por una buena planificación que ajuste la oferta de plazas a la demografía. “Lo que es negativo para la desigualdad y la segregación es hacer un mero seguimiento de la demanda, hay que tener capacidad de planificar y para ello hay que jugar con las ratios”, dice en referencia a las bajadas del número máximo de alumnos que por ley puede haber en un aula, que además pueden servir para intentar mejorar la educación. El problema, de nuevo, es que los concertados tienen que aceptar voluntariamente esa reducción si se produce antes de la revisión de sus contratos, añade.

La concertada, en todo caso, parece que está por la labor. “La caída de la natalidad afecta a todos. Todo el mundo está muy preocupado”, dice Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, entidad mayoritaria en la red concertada, antes de abogar por esas bajadas de ratio como una de las posibles soluciones. Esa medida no solo permitiría mantener las mejoras producidas durante la crisis de la covid —“Se atiende mucho mejor, los profesores están más a gusto y los alumnos reciben una atención mucho más personalizada”—, sino que también serviría “para evitar que esto se acabe convirtiendo en una guerra, a ver quién se lleva más alumnos, a ver quién convence a más padres…”, asegura. “Dejar las cosas como están y que sean las familias las que al final resuelvan solas el tema no hace ningún favor ni a la educación ni a las mismas familias”, añade. Eso sí, si se bajan ratios, opina que debería ser de forma flexible —“La caída de natalidad no afecta a todas las zonas igual”— y que los centros que las apliquen deberían recibir más subvención. En todo caso, cree imprescindible que se llegue a un acuerdo entre el ministerio y todas las comunidades para que las medidas sean consensuadas. “Ahora mismo, cada Administración autonómica está tomando decisiones con criterios diferentes”, protesta.

De momento, si uno se fija en cómo ha caído el alumnado de tres a cinco años desde que empezó a notarse en la estadística de 2012-2013 la curva de natalidad, la bajada de alumnos en la pública hasta 2020 fue del 14% y del 7,9% en la concertada. En primaria, donde los estudiantes empezaron a descender en el curso 2017-2018, la caída ha sido del 1,3% y del 0,5%, respectivamente.

Lo que parece claro es que si no se reorganiza la oferta con una mirada de conjunto y a medio plazo, cuando lleguen las situaciones al límite, el centro más débil tendrá todas las de perder. Sin más. Tal y como ha ocurrido con el Juan XXIII de Mérida. Un jueves, cuando suena allí a las 14.00 el timbre, no sale ningún niño; todos se quedan al comedor. A quien se ve pasar es a media decena de chicos y chicas con el uniforme de uno de los centros concertados del barrio camino de sus casas. Una de ellas, justo enfrente del colegio público.

Cuando hace algo más de dos años Ana León y Raúl Fernández decidieron llevar allí a su hija, M., multitud de amigos y conocidos les llamaron para tratar de convencerles de que no lo hicieran. “Nos decían que si estábamos locos”. La mala fama del centro, de conflictivo, casi marginal, se extendía desde mucho tiempo antes por toda la ciudad. Pero no siempre fue así.

Aislada entre una carretera nacional (la avenida de Felipe VI) y el río Albarregas, en el límite noreste de Mérida, el visitante despistado puede pensar que está entrando en un polígono al llegar a la barriada de San Juan, por la cantidad de talleres que encontrará a la entrada. Una vez dentro, sin embargo, aunque siguen menudeando las naves y edificios que albergan alguna tapicería, distribuidora de bebidas o artículos de hostelería; se abren paso las casas de dos plantas, modestas pero en su mayoría bien cuidadas. Todo habla de sus orígenes, los de un barrio levantado de forma irregular, como en tantas ciudades de España, por emigrantes llegados de los pueblos en los años sesenta en busca de los trabajos que prometía la industria. Con el paso del tiempo, los hechos consumados obligaron a las administraciones a ir legalizando las construcciones y dotando al barrio de los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado…

El colegio llegó a finales de los sesenta, con la ayuda de la parroquia local y el esfuerzo de los vecinos, que lo construyeron en un solar donado por uno de ellos. Con la fórmula público-privada de aquellos tiempos —la gestionaba un patronato y el Estado pagaba a los maestros—, el centro fue ganando fama y creciendo, atrayendo a alumnos de barrios vecinos. Hasta que en los ochenta, convertido ya en colegio público, se trasladaron a un flamante nuevo edificio, sin duda uno de los más grandes del vecindario, que es el que ocupa ahora. En esta página de Facebook, se puede recorrer la historia sentimental del centro a través de las fotografías que cuelgan antiguos profesores y antiguos alumnos.

Sería difícil saber exactamente en qué momento empezaron las dificultades a hacerse evidentes. Y sería injusto echarle la culpa a una sola cosa, o a dos, pues seguramente son muchas y entremezcladas las razones. El envejecimiento del barrio y la falta de niños porque las segundas generaciones crecen y se van a vivir a otra parte, los realojos que se produjeron en los noventa en el vecindario de al lado, la nueva legislación que resta dos cursos (7º y 8º de EGB se van al instituto como 1º y 2º de ESO), la presión creciente de los concertados del barrio, que van ganando la fama que poco a poco pierde el Juan XXIII…

Un plan de mejora del centro redactado por el propio colegio en 2008 lo explica así: “Alumnado: con bastantes problemas de aprendizaje [...] Poca capacidad para el estudio y con expectativas muy limitadas. Porcentaje significativo de alumnos de etnia gitana. Las dificultades del alumnado se han ido acrecentando en los últimos años, disminuyendo progresivamente los alumnos procedentes de las familias de la barriada y llegando otros de las limítrofes, más marginales y, consiguientemente, con más problemas educativos. Se observa también un creciente absentismo escolar.

“En mi colegio aprendo. Me gustan mis maestras”

El caso es que para cuando Ana León y Raúl Fernández decidieron llevar allí a su niña en noviembre de 2019, tuvieron que vencer muchas resistencias de gente cercana. Pero estaban decididos, después de una larga y mala experiencia en un colegio público del centro de Mérida, donde los resultados y el comportamiento escolar de M. nunca fueron buenos, aseguran sus padres, porque nunca tuvo la atención que requería por sus altas capacidades, ni siquiera cuando por fin le fueron diagnosticadas. “Un conocido, que había formado parte del equipo de orientación del Juan XXIII, nos comentó que allí trabajaban muy bien. Llamé a Cecilia, la directora, un día a las 11.00 y a las 14.00 estábamos en el centro hablando con ella. No nos lo podíamos creer. Al director del otro colegio nunca llegamos a conocerle”, cuenta Fernández. “Nos dijo: ‘Yo no tengo ninguna experiencia con altas capacidades, pero si la traéis me formo y formo a mi equipo”. No hizo falta más, de un día para otro, con el 4º de primaria ya empezado, M. se cambió al Juan XXIII.

Hoy está en sexto y sus padres aseguran que la niña está muchísimo mejor en todos los sentidos, académica y personalmente. Por todo esto, mandaron un escrito a la consejería pidiendo que no se cierre el colegio. El texto contiene la siguiente reflexión de la propia chiquilla: “En mi colegio aprendo. Me gustan mis maestras, su cariño. Siempre te ayudan y no te gritan. Me quieren. Hablo mucho con ellas y me escuchan. Las actividades que hacemos son divertidas. Me gusta hacer los trabajos que nos mandan. Saco buenas notas. Mi mejor amiga es una niña refugiada, de Georgia, leo mucho y rápido. El último libro ha sido Harry Potter y las reliquias de la muerte. De mayor quiero ser diseñadora de moda y psicóloga porque me gusta solucionar los problemas de mis amigos y se me da bien”.

Desde hace algunos años, las clases no están divididas por cursos, sino por etapas: una de todo infantil, otra de 1º y 2º de primaria, otra de 3º y 4º y otra más de 5º y 6º. La segunda planta hace tiempo que no se utiliza, y han reaprovechado muchas de las aulas que aun así sobran para hacer una biblioteca, sala de informática, taller… Tenían un huerto, pero no se les daba muy bien, admite Chamorro, que destaca algunos proyectos que han puesto en marcha, como las cotutorías, las tertulias dialógicas (todos los niños van leyendo y comentando un libro al mismo tiempo) o su iniciativa de aprendizaje de servicio, que trata de integrar proyectos escolares en la vida de un barrio donde el único servicio público es el colegio. “Los niños seleccionaron y prepararon, por ejemplo, una exposición de fotografía en el local de la asociación de vecinos sobre el empoderamiento de la mujer rural. Ellos mismos contactaron con la autora”, cuenta Chamorro.

La clave de su trabajo, insiste, es dar a cada niño lo que necesita. “A veces se enfadan porque permito a uno algo que no permito a los demás, o regaño a otro por una cosa que le dejo hacer a su compañero... Yo siempre les digo: ‘No sois todos iguales. Sois todos distintos. Pero eso es lo bonito”. Ella es cotutora de la clase de 5º y 6º, donde están tanto M. como A., un chico diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo (TGA) y discapacidad intelectual.

Su madre, Mari Carmen Muñoz, también relata una mala experiencia previa, en su caso, en un concertado donde se resistieron, asegura, a diagnosticarle la discapacidad. Además, describe algunos espeluznantes episodios de acoso. Explica que, por sus apreturas económicas —en su casa solo cuentan con su sueldo de auxiliar de enfermería—, hubo momentos en que no pudo comprar material escolar para sus cinco hijos. “O comíamos o comprábamos libros. Y en el otro colegio me tuvieron a dos niños un curso entero sin ellos. En el Juan XXIII no hemos tenido ningún problema y, si alguna vez no he tenido para un lápiz o un cuaderno, pues se lo han dado”. Desde este curso, los cinco van al colegio de San Juan. El padre, Marco Antonio Caballero, que admite que él era el que tenía más dudas sobre si llevarlos allí —”Es que se oían tantas cosas…”—, es hoy uno de los más movilizados para intentar que la consejería no cierre el centro.

Tanto su familia como la de León y Fernández apoyan la propuesta del sindicato del profesorado PIDE, que además de revisar y eliminar todos las plazas concertadas innecesarias de la ciudad, reclama mantener el colegio abierto, reflotándolo por medio de un plan que incluya cambiar desde el nombre hasta convertirlo en una comunidad de aprendizaje (un modelo que aplica experiencias de éxito en la mejora del aprendizaje y la convivencia). Además, reclaman, para atraer a más familias, integrar en el colegio el primer ciclo de educación infantil (menos de dos años) y 1º y 2º de ESO. Dos medidas que el propio centro ha pedido en distintos momentos, pero la Administración ha rechazado.

La Consejería de Educación no ha permitido a este diario entrar en el Juan XXIII. Tampoco ha respondido a la pregunta de si han valorado la propuesta para mantener abierto el centro ni ha aportado los datos solicitados de oferta y demanda de plazas en los colegios concertados cercanos del barrio.

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