El Gobierno y los agentes sociales acarician un acuerdo sobre la reforma laboral

El Gobierno, los sindicatos y la patronal están a un paso de alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral, según varias fuentes cercanas al diálogo social. Superados los principales escollos que han obstaculizado una negociación a la que le restan tan solo nueve días para que concluya el plazo acordado con Bruselas, el nuevo marco de relaciones laborales con el que se pretende corregir la elevada temporalidad, frenar la escalada de precariedad laboral de los últimos años o reequilibrar la negociación colectiva, ahora muy favorable a la empresa, está muy cerca de salir adelante con el beneplácito de los agentes sociales.

El texto final, en el que falta por definir la redacción del artículo 42 (subcontratación de obras y servicios), replica, en los grandes principios, el boceto inicial que se dibujó al comienzo de las negociaciones: pone trabas a la contratación temporal estableciendo un tope de días por año; recupera la ultraactividad (la vigencia de un convenio durante la negociación de su renovación); acoraza la subcontratación determinando el convenio de la actividad desarrollada por la empresa contratada como marco de control, y recupera la primacía de los convenios sectoriales por delante de los de empresa en materia de salarios. Pero la letra pequeña matiza y rebaja algunos de los postulados iniciales que defendía el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, para lograr el respaldo de la patronal.

A pesar de esta sintonía general, en el coto a la contratación temporal se dirime todavía una de las batallas pendientes. Mientras que los sindicatos han dado por buena la propuesta lanzada por el Gobierno de 90 días al año (tres meses) en los que las empresas podrán llevar a cabo contratos temporales sin que exista una causalidad que los justifique, este margen resulta insuficiente para algunos empresarios, que reclaman que se extienda hasta los 120 días (un mes más). Para velar por que no se reproduzca el uso fraudulento de la contratación temporal, el régimen sancionador con el que se castigará esta práctica también ha sido reforzado, aunque no en los parámetros más altos en los que llegó a plantearse.

Con el Gobierno y los sindicatos alineados enfrente, la CEOE ha ejercido de contrapeso durante los últimos encuentros, en los que se venía negociando “hasta la última coma”, tal y como reconoce una fuente cercana al diálogo social. Sin embargo, durante el comité ejecutivo que celebró el miércoles la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, trasladó los últimos movimientos de la negociación a sus directivos y no recibió objeción alguna para dar por bueno el texto definitivo. Garamendi lo defendió asegurando que gracias a la intervención de sus representantes el marco final limitaba significativamente el alcance de los planteamientos iniciales con los que arrancó la negociación, y que chocaba frontalmente con las aspiraciones de los empresarios.

Este jueves, la CEOE volverá a reunir a su comité ejecutivo para someter a votación el acuerdo, y la decisión será trasladada posteriormente a la junta, donde, sin embargo, el texto no volverá a ser votado. Mientras que UGT no ha convocado todavía a su comité ejecutivo, CC OO celebrará hoy un comité confederal ampliado y, posteriormente, reunirá a su comisión ejecutiva confederal.

Las reuniones de esta semana decisiva han tenido como objeto resolver los nudos situados alrededor de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores: el 15 (duración del contrato), 16 (contrato fijo-discontinuo), 42 (subcontratación de obras y servicios) y 84.2 y 84.4 (concurrencia de los convenios). Tras los últimos tira y afloja, la mayoría se han aclarado. A ellos se ha sumado también el artículo 41 (modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo), del que se ha acordado mantenerlo sin alteraciones.

Épica y comedia

Sin embargo, con el nuevo esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estructurales, que pasará a denominarse Mecanismo RED, se ha optado por reducir de manera drástica los requisitos y aplicaciones iniciales que presentó el Gobierno, y que descolocaron a sindicatos y empresarios. Su redacción final ha quedado pendiente de resolverse más adelante.

La negociación de la reforma laboral ha adquirido en los últimos días un tono que ha transitado entre la épica y la comedia. Las bromas sobre si generaría mayor alborozo un premio de la Lotería o el anuncio de un acuerdo laboral se sucedieron durante el miércoles por distintos foros virtuales a los que se asoman algunos de los agentes sociales. Como era de esperar, el entusiasmo por que un billete fuera bendecido por el azar ganó de forma holgada.

Mantener el buen ánimo por parte de los agentes sociales a falta de escasos días para que concluya el año y con él el plazo acordado con la UE no ha sido fácil. Las reuniones que se han celebrado esta semana han batido récords de duración.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reconoció el miércoles que, pese a que “a veces cunde el desánimo y el cansancio”, en la mesa del diálogo social reina una “complicidad absoluta para el enorme reto que supone transformar el mercado laboral”. También lanzó un aviso y pidió un deseo que podría acabar cumpliéndose: “Quien afirme que la reforma laboral va a quedar descafeinada no conoce de lo que está hablando. Mañana [por hoy] me gustaría poder cenar en mi casa, en Galicia, pero voy a estar a lo que me mandate la negociación”.

En la hoja de ruta establecida por el Ejecutivo, la aprobación de la reforma laboral debía producirse, como muy tarde, durante el último Consejo de Ministros del año, programado para el próximo martes, día 28. Sin embargo, algunas voces del diálogo social, como las del propio Garamendi, invitaban a extender el plazo más allá del día 31 si fuera necesario para alcanzar un acuerdo tripartito. A tenor de los avances que se han materializado durante las últimas reuniones no parece que vaya a ser necesario.