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La definición de sanciones por abusar de la temporalidad bloquea la reforma laboral

Sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo en la creación de un mecanismo que castigue la contratación eventual fraudulenta

Gorka R. Pérez
Trabajadores de un restaurante en la playa de la Barceloneta el 16 de octubre de 2020.
Trabajadores de un restaurante en la playa de la Barceloneta el 16 de octubre de 2020.Alejandro García (EFE)

Aunque la sintonía está prácticamente definida, la letra sigue emborronada. La negociación de la reforma laboral continúa avanzando, pero acertar con la fecha en la que se resolverá sigue siendo una apuesta arriesgada. El Gobierno, patronal y sindicatos volvieron a reunirse este lunes, y según confirmaron fuentes conocedoras de las conversaciones, se trataron los mismos apartados que en el encuentro del pasado viernes —contratación temporal, fijos discontinuos, contratas y subcontratas y prevalencia de convenios—, con escaso avance. “Vivimos últimamente en el día de la marmota”, asegura una fuente presente en la reunión de este lunes. “Hablamos una y otra vez sobre lo mismo, pero no se avanza en ningún sentido”, añade.

Durante las últimas semanas el mensaje que han lanzado al exterior los agentes sociales para tratar de rebajar la ansiedad alrededor del nuevo diseño del marco de relaciones laborales es el de que la resolución de la reforma está cerca, y que solo es cuestión de tiempo que se limen las últimas asperezas. Convienen todos en señalar que los grandes apartados, como el paradigma contractual —en el que quedará limitada la temporalidad—, está bastante horneado y solo quedan por elegir las guindas con las que decorar el pastel.

Sin embargo, dentro de este ecosistema aparentemente relajado existen todavía pequeños fuegos cruzados y alguna que otra trinchera. Es el caso, por ejemplo, de la determinación del régimen sancionador con el que castigar la contratación temporal fraudulenta, y que enfrenta a Gobierno y sindicatos con la patronal. La realidad, según confirman fuentes cercanas al diálogo social, es que técnicamente no puede calificarse de fuego cruzado, porque desde el lado de los empresarios simplemente se repele la propuesta, y no se contragolpea.

“Si definimos perfectamente los casos en los que sería viable la contratación temporal, y establecemos un periodo de tiempo en el que poder hacerse, pero no definimos cómo castigar a aquellos que no se ajusten a la norma nos habremos quedado igual que estábamos”, reconoce una fuente que participa en la negociación. “La CEOE no nos ha trasladado ninguna alternativa. Solo dicen que no les convence”, indica esta misma fuente.

Cortafuegos triple

Sobre la mesa de negociación existe un paquete de propuestas, presentadas por la bancada sindical, en las que se establece el cortafuegos con el que evitar el asalto a la nueva normativa. Por una parte, está la intención de aumentar el coste en las cotizaciones de los contratos temporales —la Ley General de la Seguridad Social establece actualmente un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos eventuales cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días—; y por otro la introducción de un régimen sancionador que tenga un “verdadero espíritu disuasorio”.

La tercera pata es la más compleja y la que mantiene más alejadas a las partes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. La intención de los sindicatos es que aquellos trabajadores que hubieran estado ocupando con un contrato temporal un puesto fijo deban ser readmitidos y reconvertidos en indefinidos. Pero no con el objetivo de que se beneficien de unas mejores condiciones si son despedidos, sino para que deban mantenerse bajo esta nueva condición en el cargo. “Es que de otra forma no sería disuasorio”, indican esas mismas fuentes.

“Llevamos varias semanas hablando sobre esto y nos escuchamos una y otra vez contando lo mismo. El Gobierno se había comprometido a ir incorporando todas estas propuestas en un nuevo documento que iba a trasladarnos ayer [por el lunes], pero no fue así”, apunta una persona presente en el encuentro del lunes.

Cuando faltan dos semanas para que concluya el plazo acordado con Europa —31 de diciembre—, y aunque la secuencia de reuniones vaya a obligar a los agentes sociales a encontrarse todos los días, la madeja de la negociación sigue presentando nudos. “A todos nos gustaría que se resolviera pronto, pero desgraciadamente aún va a alargarse un poco”, indica esta fuente.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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