Garamendi logra el respaldo de las patronales para seguir negociando

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, logró este miércoles el apoyo del comité ejecutivo, el órgano de gobierno de las patronales integrado por un grupo reducido de miembros, para seguir negociando la reforma laboral. Las conversaciones están todavía muy abiertas y el resultado dependerá en gran medida del dibujo final. Garamendi esbozó las líneas generales de los cambios legislativos que se plantean y defendió que en la mesa de negociación se está consiguiendo reducir mucho los daños. Tan solo hay que observar la dureza de las propuestas iniciales para constatar que se han dado avances importantes, señaló.

Aunque algún presidente pidió que se consiguiesen algunas contraprestaciones más, en general la reunión fue bien, explican diversos asistentes. A grandes rasgos, Garamendi aseguró que si el redactado es una locura, no se respaldará, y que si resulta razonable, entonces se podría firmar.

El Gobierno entregó este miércoles una última propuesta que todas las partes mantienen en secreto para intentar cerrar un acuerdo sin interferencias externas. Entre el jueves y el viernes se repasará el documento artículo por artículo con la intención de buscar un acuerdo para el viernes. “Si no hay un escenario de acuerdo o casi acuerdo el viernes, será muy malo. Es el momento de que todos pongamos las cartas sobre la mesa y definamos nuestros límites para poder cerrar el acuerdo. Ese momento ha llegado”, comenta una fuente del diálogo social. Si no se confluye en un pacto, Trabajo y los sindicatos recuerdan que la reforma no será igual y que la patronal, por tanto, no podrá ejercer un control de daños. En todo caso, el plazo podría ir más allá del viernes, matiza una fuente.

El Ejecutivo apuntó en la reunión de ayer que el día 28 será el último Consejo de Ministros del año y reiteró su voluntad de aprobar la reforma en consejo antes del final de 2021. Incluso se mencionó la posibilidad de convocar uno extraordinario para el día 29 o el 30.

En cualquier caso, la reforma no volverá a los 45 días de indemnización. Tampoco recuperará los salarios de tramitación. Ni tocará la causalización que se hizo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y los expedientes temporales (ERTE), que permitía su aplicación siempre que se diesen unas condiciones. La reforma se centrará más bien en acotar algunos abusos que se habían identificado en materias como la subcontratación y sobre los que ya se habían pronunciado los tribunales. Para evitar los excesos de las llamadas empresas multiservicios, en las que se usaba un convenio de empresa firmado de forma irregular para precarizar las condiciones de trabajo, las compañías subcontratadas tendrán que ceñirse al convenio del sector de la actividad que presten para la sociedad principal.

Otro eje importante será la limitación al uso de los contratos temporales. Básicamente, estos podrán utilizarse 90 días al año por motivos de producción. Pero si es algo imprevisible podrían extenderse entre seis meses y un año. Habrá un contrato de sustitución. Se endurecerán las sanciones por el uso fraudulento de los eventuales. Si no se cumple con las causas, la empresa deberá recurrir al fijo discontinuo.

En el último documento hay pequeñas modificaciones adicionales sobre el contrato temporal. Como se esperaba, se recupera la ultraactividad de los convenios, que determina que estos sigan vigentes en una prórroga mientras se esté negociando.

Los convenios sectoriales fijarán el salario para evitar abusos, pero en principio se dejará la prioridad aplicativa del convenio de empresa para prácticamente todo lo demás. Y se mantiene igual que en la legislación vigente la redacción del artículo que regula la modificación de las condiciones de trabajo individuales, algo en lo que los sindicatos intentaban reforzar su presencia, pero que se ha preservado porque la patronal defendía la necesidad de asegurarse la flexibilidad interna. Y en este punto la CEOE tenía el respaldo de la Comisión Europea.

Por otra parte, el apartado de los ERTE permanentes tendrá la misma redacción que en el papel anterior que presentó el Gobierno, y se establecerá una comisión de seguimiento para valorar el impacto de la reforma y limar los problemas que surjan de su aplicación.