El Gobierno plantea dar más peso a los convenios autonómicos frente a los estatales

El Gobierno propone que la reforma laboral fortalezca el convenio colectivo autonómico frente al de ámbito estatal, una reclamación habitual de los partidos políticos nacionalistas y que encontrará la firme oposición de la patronal CEOE en el tramo final de las negociaciones para cerrar una nueva normativa laboral.

En la legislación vigente se centraliza la negociación colectiva reforzando el convenio estatal respecto a los niveles inferiores. Este puede ordenar y limitar qué se negocia aguas abajo. También en el ámbito de la comunidad autónoma. Sin embargo, el documento que en estos momentos maneja el Ejecutivo deshace ese entramado. Elimina la posibilidad de que el convenio estatal pueda condicionar al autonómico en materias tan importantes como el salario o el horario. En cambio, sí que se dejan fuera del convenio autonómico puntos menos sustanciosos y que ya estaban excluidos como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, el régimen disciplinar o la prevención de riesgos laborales.

El Ministerio de Trabajo no confirma esta información y señala que es un asunto que no se ha cerrado y que no se ha abordado en la mesa de diálogo social.

Este nuevo planteamiento podría dar un vuelco a la estructura actual de la negociación colectiva y supone que una empresa que esté implantada por todo el territorio pueda tener condiciones de trabajo distintas según la comunidad. En autonomías como el País Vasco o Cataluña, donde existe un claro interés por impulsar sus sindicatos y patronales propias, su utilización podría generalizarse. Las implicaciones políticas de esta reforma son muy relevantes. Y partidos nacionalistas como el PNV o ERC podrían plantear que solo apoyan la reforma laboral en el Congreso si se relanzan los convenios autonómicos. Sus votos podrían resultar decisivos para la aprobación de la reforma.

Sin embargo, muchas grandes empresas y patronales sectoriales consideran que esto acabaría en una situación insostenible. La teoría económica dice que los sistemas de negociación colectiva más exitosos deben ser o bien centralizados a nivel estatal, como es el modelo de los países nórdicos, o bien situados al nivel de la empresa, como sucede en los países de la Europa del Este.

Los primeros tienen la ventaja de que se puede orientar una economía desde ese puesto de mando. Un ejemplo manido es el acuerdo nacional de moderación salarial que se firmó en 2011 en España y al que se atribuye que contribuyó a reducir la intensa destrucción de empleo de esa crisis. Los segundos brindan mucha flexibilidad a las compañías para adaptarse a sus circunstancias particulares. Lo que no se considera nunca óptimo es un esquema como el de España, donde se solapan varios niveles regionales intermedios. Organismos como la OCDE o el FMI han criticado esta estructura. En la actualidad, la mitad de los convenios son sectoriales provinciales, un nivel que según los economistas puede erosionar la unidad de mercado. En un núcleo local pequeño puede haber condiciones muy distintas a las de otros muy próximos. Puede incluso darse el caso de que una empresa domine el convenio provincial y ponga condiciones que impidan la entrada de competidores. O que una compañía tenga que cumplir con hasta una decena de convenios provinciales.

De producirse este cambio y si se combina con las limitaciones que se plantean al convenio de empresa, el dibujo resultante no sería del agrado de las empresas. Un jurista consultado explica que supondría una gran contradicción fortalecer el convenio autonómico cuando se quiere a la vez limitar la negociación de empresa. “Dejaría a la compañía con poco margen”, señala. “Aceptar los convenios autonómicos manteniendo los provinciales es retorcer el rizo de la ineficiencia”, sostiene un experto en negociación colectiva. Otro analista apunta en cambio que esta modificación podría ser positiva si termina incentivando al autonómico frente al provincial.

Los convenios colectivos autonómicos se han dejado para el último trecho de la negociación de la reforma laboral. De momento, el cambio está recogido en el último texto propuesto del artículo 84, pero no se ha tocado formalmente en la mesa de negociación, explica una fuente del diálogo social. Comisiones Obreras podría mostrarse a favor de fortalecer el convenio autonómico para reconocer la realidad plurinacional.

Este miércoles se reúne con carácter extraordinario el comité ejecutivo de la CEOE, que incluye a todos los presidentes de organizaciones empresariales. Servirá para que el presidente, Antonio Garamendi, tome el pulso de los sectores que se muestran más en contra de la reforma.

Sindicatos y patronal pidieron este martes que el Gobierno presente un papel donde concretar posiciones para poder avanzar. Según fuentes del diálogo social, todavía hay problemas en la subcontratación, en especial cuando hay contratas para desempeñar varias actividades; en la temporalidad, porque el contrato a 90 días no satisface a ninguna de las dos partes; en la flexibilidad interna, y en la limitación del convenio empresa.