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La reforma laboral entra en el tiempo de descuento

El plazo concedido por la Unión Europea termina el 31 de diciembre y solo restan dos semanas para acordar el texto definitivo

Terrazas calzada Barcelona
Varios clientes en la terraza de un bar de Barcelona.Albert Garcia (EL PAÍS)

La negociación sobre la reforma laboral entra en su recta final. Cuando faltan menos de dos semanas para el 31 de diciembre, la fecha límite acordada con la Unión Europea, Gobierno, sindicatos y patronal siguen sin acordar un texto definitivo que satisfaga a las tres partes. No al menos de una manera suficiente ni global, a pesar de que, como reconocen distintas fuentes presentes en las reuniones, los apartados generales del nuevo marco que pretende regular las relaciones laborales no generen una disconformidad insalvable.

Al mismo tiempo que caen las hojas del calendario, se libra desde hace semanas en un escenario paralelo al de la negociación interna una batalla dialéctica de puertas hacia fuera con la que los agentes sociales tratan de presionarse unos a otros. “Abordar el principal problema que tiene el país, que es la temporalidad, es un reto apasionante para todos”, indicó este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien reconoció mostrarse “moderadamente optimista” con la posibilidad de obtener el visto bueno de sindicatos y patronales. “Quiero ser prudente, pero creo que es posible alcanzarlo”, añadió. Fuentes cercanas al diálogo social aseguran a este diario que la situación actual no apunta en esa dirección.

En estos días, la también titular de Trabajo iniciará una ronda de contactos con los distintos partidos políticos que conforman la mayoría del Gobierno en el Parlamento y a los que les va a comunicar el estado de la negociación y los aspectos más destacados de las propuestas que se encuentran sobre la mesa. La intención es tratar de recabar así los apoyos suficientes dentro de la cámara. El documento que en estos momentos maneja el Ejecutivo satisface las demandas de los partidos nacionalistas ERC y PNV en materia de negociación colectiva, ya que elimina la posibilidad de que el convenio estatal pueda condicionar al autonómico en materias tan importantes como el salario o el horario.

La ministra de Justicia, Pilar Llop (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), en la gala de entrega de distinciones del Consejo General de Graduados Sociales de España, en el Senado, a 17 de diciembre de 2021.Foto: Jesús Hellín/Europa Press | Vídeo: EUROPA PRESS

Las cautelas sobre si se conseguirá un acuerdo tripartito han abundado durante las últimas semanas. Unai Sordo, secretario general de CC OO, ya se manifestó en los mismos términos que Yolanda Díaz durante un desayuno informativo al comienzo de la semana, y este viernes volvió a dejar patente su escepticismo: “Las cosas no van mal, no soy pesimista, pero está aún sin cerrar”, señaló. Además, apuntó un detalle que define perfectamente el principal escollo al que se enfrentan los agentes sociales: “Si no está todo cerrado, nada está cerrado”.

Temas pendientes

Gobierno y sindicatos tratan de retratar a los empresarios como los causantes del bloqueo. Una sobreexposición que Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no dudó este viernes en quitarse de encima. “Si tenemos que decir que no, antes de fin de año lo podemos hacer, pero sería triste que quedara algún punto pendiente porque el Gobierno se haya planteado que es tal fecha y todo desbarrara, cuando en dos días más o en dos semanas más se podría resolver”, indicó en RTVE.

Los apartados que aún deben limarse antes del final de año son la determinación del número de días en los que podrán utilizarse los contratos eventuales por motivos de producción (la propuesta del Gobierno es de 90); el establecimiento de un régimen sancionador que castigue el uso fraudulento de los eventuales; el potenciamiento del contrato fijo-discontinuo; así como el establecimiento del convenio sectorial por encima del de empresa, especialmente para que actúe como marco mínimo a la hora de fijar salarios.

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