El Banco de España pide mantener las ayudas públicas para evitar un mayor deterioro de la economía

Mantener las ayudas públicas y acompasarlas a la evolución de la coyuntura económica. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, fue este martes muy claro en su intervención en la comisión de reconstrucción del Congreso. Pidió prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los sectores más afectados y se mostró abierto a ampliar las líneas de avales del ICO. Una “retirada prematura” de los salvavidas que el Gobierno ha lanzado para que la actividad se mantenga a flote, por el contrario, “aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos”.

”La crisis de la covid-19 está teniendo una incidencia muy heterogénea por ramas de actividad, y no puede descartarse que algunas de estas dinámicas acaben provocando cambios permanentes en la composición sectorial de la economía”, subrayó este martes el gobernador del Banco de España. Actividades como el turismo, obligadas a un cerrojazo total tras el estado de alarma, seguirán sujetas a una serie de restricciones durante la llamada nueva normalidad que auguran una lenta recuperación.

Por ello, Hernández de Cos pidió “mantener algún apoyo, por un tiempo adicional, a determinados sectores y empresas”. Y una de las maneras para hacerlo pasa por ampliar los ERTE, una de las medidas estrella lanzada por el Gobierno al inicio de la crisis para evitar una destrucción masiva de empleo.

El Ejecutivo negocia estos días contra reloj con patronal y sindicatos la ampliación de estos expedientes, que han llegado a afectar a casi cuatro millones de trabajadores. “Sería deseable que, en algunos de los sectores o empresas más afectados por esta crisis, se prologasen durante un tiempo adicional”, detalló el gobernador.

También repasó algunos problemas crónicos del mercado laboral español que lo hacen particularmente vulnerable ante shocks como el actual. “Reducir la elevada dualidad de nuestro mercado de trabajo es un objetivo ineludible”, apuntó en referencia a la elevada tasa de temporalidad —un 25,2% frente al 13,9% de la zona euro—, que “en las fases recesivas tiene el efecto perverso de incrementar de forma significativa la desigualdad”.

Asimismo, abogó por mantener “algunos de los instrumentos de apoyo a las rentas de los hogares más vulnerables”, vigilando que no creen distorsiones en el mercado laboral.

Abogó por ampliar las líneas de avales del ICO más allá de los 100.000 millones planteados por el Gobierno si fuera necesario, para sostener a las empresas viables, y dijo que estos préstamos están cumpliendo con su función de mitigar “la posible reticencia de los intermediarios financieros” a asumir más riesgos. Según los datos del Banco de España, hasta el 14 de junio el importe de avales solicitados rozaba los 53.000 millones de euros, una cifra que ha permitido movilizar recursos por algo más de 69.000 millones, la mayoría destinado a pymes y autónomos.

En el ámbito empresarial, Hernández de Cos solicitó que se revise y flexibilice la ley concursal, para evitar que compañías aún viables se vean abocadas al cierre ante el previsible aumento de quiebras de los próximos meses.

Pero las advertencias del gobernador no se limitaron a las medidas de apoyo vinculadas a la crisis. Hernández de Cos aseguró que ya ha llegado el momento de diseñar un plan de ajuste de las finanzas públicas, tensionadas por un simultáneo aumento del gasto y caída de los ingresos. “El mayor impulso presupuestario en la actualidad debe venir de la mano de una estrategia clara de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo, a través de una revisión del gasto y de la estructura y la capacidad impositivas”, dijo.

Agregó que esta estrategia debe ser “urgente, ambiciosa, integral, evaluable y basada en consensos amplios”, y volvió a reclamar un pacto político que abarque varias legislaturas, como ya había hecho en su anterior intervención en la Comisión de Economía del Congreso.

Todavía se desconoce con precisión qué impacto tendrá la pandemia sobre la economía, pero poco a poco aparecen más datos que alumbran la magnitud del golpe. El Banco de España estima que el descalabro del PIB en el segundo trimestre se sitúe entre el 16% y el 21,8%, según adelantó Hernández de Cos, frente al 5,2% de los tres primeros meses del año estimado por el Instituto Nacional de Estadística.

Elevada incertidumbre

Ante el elevado grado de incertidumbre que rodea esta crisis, el supervisor ya se había visto obligado a modificar sus pronósticos a medio plazo, reduciendo su horquilla de previsiones sobre la economía española e introduciendo un escenario más adverso que contempla un empeoramiento importante de la situación sanitaria. En el primer panorama la caída del PIB estaría entre el 9% y el 11,6% este año, en función de que haya o no rebrotes moderados; en el peor escenario, el impacto superaría el 15%.

El reflejo directo del batacazo será un aumento pronunciado de la deuda y el déficit público en 2020, que aumentará más aún el desfase que ya tenían las cuentas públicas. El déficit del conjunto de las Administraciones, que en 2019 fue del 2,8% del PIB, se elevaría este año al 9,5% en el escenario de recuperación temprana y al 11,2% en el de recuperación gradual.

El rebote de la actividad en 2021 y 2022, junto con el desvanecimiento del impacto de las medidas de carácter transitorio como respuesta a la pandemia, daría lugar a una disminución del déficit en estos años, pero aún se situaría en 2022 en niveles notablemente superiores a los de los últimos ejercicios. Del mismo modo, la ratio de deuda pública sobre PIB aumentaría aproximadamente entre 20 y 25 puntos en 2020, hasta situarse cerca del 115% y del 120% en cada uno de los dos escenarios, y permanecería en niveles muy elevados en los dos años siguientes, remarcó.

“La consolidación fiscal ha de aplicarse una vez que se supere el episodio recesivo actual y los efectos económicos adversos de la pandemia, pero su diseño y comunicación no deberían dilatarse”, alertó Hernández de Cos. “Una definición temprana de esta estrategia tendría importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica, lo que favorecería su aplicación gradual posterior y permitiría potenciar los efectos expansivos de las actuaciones fiscales actuales”, concluyó.