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Mariano Rajoy / EMILIO NARANJO (EFE)
No era un día fácil para un hombre como Mariano Rajoy, al que no le gusta pasarse de frenada, ser protagonista y que todos los ojos se pongan en él. No era el momento para lanzar su habitual ataque al Gobierno. Cada vez que aumenta el diferencial de la deuda, Rajoy dice que el problema es que los mercados no confían en Zapatero.
El ministro de Fomento, José Blanco, se estrenó ayer como portavoz del Gobierno con un llamamiento a las Administraciones públicas y a los agentes económicos para que contribuyan a afianzar la solvencia económica y financiera de España. Lo hizo en un día en el que la inestabilidad de los mercados financieros llevaron a la prima de riesgo española hasta los 380 puntos básicos.
No había dudas sobre el sentido continuista de su nombramiento, pero el nuevo ministro del Interior, el fiscal Antonio Camacho, número dos del ministerio desde 2004, quiso dejar claro ayer tras recibir la cartera de manos de Alfredo Pérez Rubalcaba que "nada va a cambiar" ahora que él ha asumido el mando.
De nuevo CiU, PNV y Coalición Canaria acudieron al rescate del Gobierno en el pleno del Congreso. La alternativa, si el Ejecutivo hubiera perdido la votación, era que el rescate llegara de Europa, porque hubiera supuesto una derrota política difícil de asumir por la inestabilidad que hubiera provocado.
El informático de la tienda Forever Young en Madrid, Francisco Ferre, admitió ayer ante el juez José Flors que manipuló la contabilidad de la empresa por orden de sus jefes para borrar las huellas que conducían al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
El líder indiscutible de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, se sentó ayer de nuevo en un banquillo para ser juzgado por segunda vez por su participación en el acto de homenaje al etarra José María Sagarduy, Gatza, celebrado el 9 de julio de 2005, en Amorebieta (Bizkaia), que entonces llevaba 25 años en prisión.
Luisa Fernanda Rudi (PP) pronunció ayer en las Cortes de Aragón su discurso de investidura como presidenta de la comunidad, en el que anunció una auditoría realizada por la Intervención General y un plan de choque para corregir desajustes, que incluye fijar un tope de gasto público.
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