Cineastas (aún más) contra la Orden

El colectivo Cineastas contra la Orden, artífice ("culpable", dicen algunos de sus colegas dentro del propio sector) del bloqueo de la Orden Ministerial que regula las ayudas al cine, pasó ayer de nuevo al ataque: sus responsables anunciaron la impugnación en bloque de la citada orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de octubre y que de momento está en suspenso por decisión de la Comisión Europea.

Dos diferentes bufetes de abogados, que han estudiado a instancias de este colectivo las posibles contradicciones entre la Ley del Cine y la orden que ha de desarrollarla, han llegado a la misma conclusión: hay motivos suficientes y base jurídica para presentar recurso ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Esta decisión fue tomada ayer durante una asamblea convocada en Madrid y a la que asistieron unos 40 miembros del colectivo, formado por más de 200 profesionales del cine español entre directores, productores, guionistas, actores y técnicos.

Vicente Córdoba: "Algo habrá visto Bruselas para paralizar la Orden"

"Guardans nos ha escuchado, pero no nos ha hecho caso", dicen en el colectivo

Esta impugnación de la Orden Ministerial más controvertida en la historia reciente de la política cultural española supone un nuevo traspiés en el accidentado y largo camino que ha vivido este texto legal desde que el director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, presentó su borrador ante los distintos sectores afectados.

El pasado martes, la Comisión Europea decidió bloquear la orden y por consiguiente dejar en suspenso las ayudas y subvenciones contempladas en ella, atendiendo un escrito de Cineastas contra la Orden. Esta decisión provocó un verdadero terremoto en el Ministerio de Cultura, a lo que siguió una gran conmoción en el mundo del cine, con cruces de acusaciones entre los propios afectados.

La Ley de Cine de diciembre de 2007 no impone requisitos mínimos para acceder a las ayudas complementarias que vengan determinados por el presupuesto de la película. La orden ministerial, que desarrolla las ayudas en la citada ley, impide acceder a estas ayudas en función del presupuesto del filme. Esta contradicción es la razón fundamental que ha llevado a Cineastas contra la Orden a impugnar el texto.

Este colectivo viene luchando desde hace meses contra la disposición legal obra de Ignasi Guardans porque, en su opinión, los principios de diversidad y excepción cultural de la Ley de Cine se ven claramente vulnerados por su contenido.

Cineastas contra la Orden esperarán hasta el 23 de diciembre (fecha final legal para presentar el recurso) para acudir a la Audiencia Nacional en el caso de que no se haya producido un cambio en la orden ministerial, bien a consecuencia de la decisión de Bruselas o por el diálogo con el Ministerio de Cultura.

En las más de tres horas de debate, los miembros presentes en la asamblea de ayer analizaron detenidamente las reacciones que se han producido en la industria tras el bloqueo decretado por Bruselas el pasado martes. Y una mezcla de tristeza e indignación invadió la reunión. El director Juan Vicente Córdoba lo puso bien claro en palabras: "De corazón, no me gustan las sensaciones que les estamos trasladando a nuestro público. En lugar de hablar de los éxitos de nuestro cine y de que hay películas que están arrasando en la taquilla, como Ágora o Celda 211 y otras más, estamos dando un espectáculo. Todas estas películas de éxito se han hecho con la anterior orden, con lo que queda claro que no es necesaria una nueva para hacer buen cine. Queremos cine para todos y no sólo para unos pocos. Queremos un cine que defienda la excepción, la diversidad y la pluralidad cultural".

También se mostraron sorprendidos y dolidos por las reacciones de algunos productores y realizadores que culpabilizaron directamente a este colectivo del retraso que puede suponer para los rodajes del año próximo. "Nosotros hemos ejercido un derecho democrático. El señor Guardans nos ha escuchado pero no ha hecho caso a nuestras peticiones. La situación en la que nos ha dejado la Comisión Europea habrá que buscarla en la decisión de Ignasi Guardans y no en nuestra potestad de enviar a Bruselas el escrito. Algo habrá visto Bruselas para paralizar la orden ministerial", explicó Vicente Córdoba.

El portavoz de Cineastas contra la Orden quiso alejarse de todo dramatismo y los comentarios apocalípticos que han jalonado el sector desde el pasado martes con acusaciones directas al colectivo de ser los causantes de paralizar los rodajes. "Los rodajes de grandes películas previstos para los próximos meses no se van a ver afectados por esta decisión de Bruselas porque todos ellos optan a subvenciones a la amortización

[aquéllas que se consiguen con lo recaudado en taquilla] y que se cobran dos años después. Si afecta a alguien negativamente, va a ser a los nuevos realizadores y los que necesiten de la ayuda anticipada para poder empezar el rodaje", añadió el representante del colectivo. EL PAÍS intentó ayer recabar la opinión de los responsables de Cultura, entre ellos Ignasi Guardans. No obtuvo respuesta.