Un legado que no debe irse a pique

En la Isla de los Perros, una lengua de tierra atravesada por canales sobre el río Támesis, los responsables de Odyssey reciben a los curiosos que quieren conocer su nuevo descubrimiento: el Victory, un barco británico perdido en 1744 tras una tempestad en el canal de la Mancha. Todo eso ocurre en el Canary Wharf, un complejo de rascacielos donde se tejen los negocios y el mejor escenario para una historia que va sobre eso, sobre negocios, o más bien sobre la posibilidad de hacer dinero con la arqueología.

Dos generaciones de arqueólogos sostienen estos días ese debate. Los primeros, representantes del academicismo universitario, defienden una visión proteccionista que se ampara en el acuerdo firmado por 20 países en la Unesco: la Convención para la Protección del Patrimonio Subacuático.

"No siempre hay que extraer, y menos para vender las piezas", dice Noriega

Sean Kingsley: "La tecnología de Odyssey va por delante del resto"

Javier Noriega es arqueólogo, fundador de la empresa Nerea y un firme defensor de ese acuerdo. "El protocolo internacional deja claro que el pecio se conserva mejor in situ. No siempre hay que extraer, y menos para vender las piezas. El único objeto de la arqueología no es tanto el museo como el conocimiento".

Esa última idea es suscrita por Sean Kingsley, un arqueólogo doctorado en Oxford que, entre otras cosas, asesora a Odyssey. "Por supuesto que para mí lo más importante es el conocimiento, pero creo que eso se consigue más eficazmente con la participación de empresas como Odyssey. ¿Sabe lo que cuesta encontrar un barco como el Victory?".

Entre 1,5 y 4 millones de dólares, según el cofundador y presidente de la compañía, Greg Stemm. Esas cantidades son inasumibles por los Estados, cuyos presupuestos suelen destinarse a otras prioridades. Hace un año, y a raíz de toda la polémica surgida con la compañía Odyssey por el descubrimiento de La Mercedes, el Gobierno español aprobó el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Subacuático. Ese plan ha contado con 390.000 euros en 2008 para la defensa del patrimonio subacuático, más 600.000 euros para gastos jurídicos y contenciosos empleados en la defensa de los intereses españoles en el litigio contra Odyssey y 300.000 euros que se entregaron a la Spain-USA Foundation para la defensa del patrimonio mundial.

El ministerio resume la corta vida del plan como un "año de reuniones" con las comunidades autónomas y los expertos. Pero todavía no se sabe nada de los resultados de esas reuniones, que se publicarán próximamente, según fuentes del ministerio.

La actividad de los arqueólogos españoles se centra en las cartas arqueológicas, en publicaciones y en vigilar que las obras públicas civiles no destruyan restos de pecios púnicos, árabes o modernos. "Y luchamos contra la destrucción de nuestra historia, del registro arqueológico, por eso nos enfrentamos decididamente a los cazatesoros", señala Noriega.

Sus resultados son menos espectaculares que los mostrados por Odyssey, que ha encontrado una vía para seguir sacando partido económico a sus descubrimientos respetando al mismo tiempo el acuerdo de la Unesco. Un ejemplo es el Victory. El Ministerio de Defensa británico y la empresa negocian para llegar a un acuerdo sobre este pecio. El Gobierno británico podría conservar la totalidad del hallazgo a cambio de dar a Odyssey una suma de dinero equivalente a un porcentaje del valor del tesoro.

"Mientras las empresas respeten la ciencia, publiquen sus conclusiones y sean transparentes", señala Kingsley, "la visión comercial es compatible con la arqueología". El experto conoce a Odyssey desde hace años pero sólo empezó a asesorarles después de ver el estudio de la compañía sobre el Sussex, otro barco británico naufragado en 1694 en las costas del mar de Alborán. Ese estudio y los medios tecnológicos de la empresa le convencieron. "Su tecnología va por delante de la que utilizan el resto de arqueólogos. Eso permite encontrar pecios y recuperar las historias para que las conozca la gente", explica.

Pese a todo, Odyssey no consigue publicar sus conclusiones en revistas especializadas. La compañía reconoce que eso es un problema y lo achaca al corporativismo de los académicos del mundo universitario contrarios a la explotación comercial de los restos. Kingsley cierra su discurso con una frase del respetado arqueólogo británico sir Mortimer Wheeler: "No hay una forma correcta de hacer arqueología, pero hay muchas de hacerlo mal".