Los errores en la inspección frustran la investigación del fraude del Idiazabal

El caso del fraude en los quesos de la Denominación de Origen Idiazabal se ha quedado prácticamente en nada. Un expediente de inspección tramitado de forma deficiente por falta de pruebas aportadas ha supuesto que el Ministerio de Agricultura y Pesca haya dictado unas sanciones a Queserías de Araia y a Gaztandegi Dorrea, dos de las principales empresas del sector, ambas del grupo Aldanondo, que totalizan 62.000 euros de multa. Se quedan muy lejos de los casi 900.000 euros de multa y los tres años de expulsión que reclamaba por la Denominación de Origen. La defensa de las empresas, llevada por la firma de abogados Cuatrecasas, ha argumentado con éxito ante el ministerio que las acusaciones no se sustentaban en pruebas evidentes.

Las sanciones a las empresas han caído de los 900.000 euros propuestos a 62.000

Tras esta resolución reina el silencio. Las empresas afectadas han recurrido en alzada y esperan que la sanción quede completamente anulada. Tanto la denominación como los gobiernos vascos y central guardan silencio en nombre de la reputación del producto. En el Parlamento sigue pendiente la petición de comparecencia presentada en octubre pasado por el consejero de Agricultura, Gonzalo Saénz de Samaniego, para explicar el fraude.

Uno de los elementos claves en la tramitación del expediente ha sido la Fundación Kalitatea, dependiente al 100% de la consejería de Agricultura. El Consejo de la Denominación de Origen delegó todos los servicios de control en la fundación, que cuenta con más medios. El resultado inicial resultó muy prometedor. La propuesta de sanción fue altísima y, por su cuantía, debía ser resuelta por la propia ministra, Elena Espinosa.

Tras las alegaciones de las empresas expedientadas, la realidad ha resultado muy otra. "No se acreditó el fraude masivo ni a los consumidores ni al consejo de la denominación", asegura un portavoz del despacho de abogados Cuatrecasas, antes de precisar que el fallo estaba en la ausencia de pruebas aportadas.

Los errores en la instrucción del expediente llevaron a que se dictase resolución apurando los plazos al máximo. Un alto cargo del Departamento de Agricultura llegó a ponerse en contacto con el ministerio para solicitar que se aplicara la sanción, que la consejería estimaba esencial. La respuesta ministerial fue que para hacerlo tenía que haberse instruido un expediente sólido y que no tenía sentido imponer una sanción que luego iba a ser revocada con seguridad por la jurisdicción ordinaria.

El expediente se abrió por un supuesto fraude en las etiquetas y distintivos de la denominación que podía afectar a medio millón de quesos de distintos tamaños y marcas, cuyo precio en el mercado superaba los cinco millones de euros.

Queserías de Araia se enfrentaba al pago de una sanción de 846.003 euros y tres años de expulsión de la Denominación de Origen por faltas "graves y muy graves". Al final, sólo se ha considerado que ha cometido una falta muy grave, sancionada con 30.000 euros por uso indebido de algunas etiquetas. No se ha podido demostrar nada más.

A esta sanción se suman otras multas hasta completar un total de 55.000 euros.

El expediente aludía también al uso irregular de placas de caseína en los quesos con numeraciones repetidas. Ello ha servido de poco, ya que las placas de caseína no están reguladas en el propio reglamento de la Denominación de Origen, como se argumentaba. Lo único que ha quedado claro es que la empresa se negó en dos ocasiones a ser inspeccionada, incluso en presencia de la Ertzaintza.

Sobre Gaztandegi Dorrea también pesaba la acusación de las placas de caseína, pero sirvió igualmente de poco. Al final, lo que ha quedado son sanciones menores. Falta por resolver un tercer expediente a la Vasco Navarra, pendiente de sanción. Los abogados de Cuatrecasas creen que el ministerio actuará como en los casos anteriores.