El proceso contra el entorno etarra
La Audiencia Nacional ha condenado por pertenencia a ETA a 30 de los 52 enjuiciados por el caso Ekin (el proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en 1998 contra el entramado de financiación, relaciones internacionales y medios de comunicación de la banda), según indicaron fuentes jurídicas. Las condenas oscilan entre los 11 y los 22 años de cárcel (la sentencia, que todavía no es pública, establece que 12 de ellos son dirigentes de ETA). Del resto, 17 sufren penas de entre dos y nueve años por colaboración con banda terrorista. Cinco han sido absueltos. En total, las condenas suman más de 500 años. El tribunal, ante el riesgo de fuga, ordenó ayer el ingreso en prisión de todos ellos. Al cierre de esta dedición, 26 ya habían sido detenidos por la policía en el País Vasco.
EL PAÍS | Madrid
El juicio se prolongó durante 126 jornadas con 52 acusados en el banquillo
EL PAÍS | Madrid
La ilegalizada Batasuna anuncia que "es hora de dar una respuesta firme"
Es un debate que viene casi desde que se aprobó la Constitución. El Congreso hace las leyes, alguien autorizado las recurre al Tribunal Constitucional -casi siempre la oposición o el defensor del pueblo, y a veces las autonomías- y pasan años hasta que llega la sentencia.
Felipe González esperaba a Alfonso Guerra el jueves de la pasada semana en una habitación del hotel Palace, de Madrid. "Si llego a saber que vienes con corbata, yo también me la pongo". El que fuera líder del PSOE rompía el hielo. Hacía más de una década que no mantenían una reunión a solas.
Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer en Totana (Murcia) a otros dos empresarios -uno de ellos fue puesto en libertad horas después- por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística que se investiga en el marco de la Operación Tótem. En la última semana han sido arrestadas 12 personas. Ahora quedan 10 detenidas, y cuatro como imputadas.
MARÍA MORGADO | Sevilla
Dos 'okupas' de Sevilla se encierran en un túnel a cuatro metros de profundidad para evitar un desalojo judicial
EL PAÍS | Madrid
Los 500 menores trasladados desde Canarias quieren ponerse a trabajar
