La Audiencia impone duras condenas a 38 de los 52 procesados del 'caso Ekin'

El sumario 18/98, conocido como caso Ekin, que por volumen de acusados -se inició con 56 y acabó con 52- y por duración del juicio -15 meses-, que ha sido el mayor que se ha juzgado en España, está a punto de concluir. La sentencia será notificada previsiblemente la semana posterior al puente de la Constitución y a la vista de las órdenes de detención y prisión dictadas ayer supondrá la condena de 47 de los 52 acusados.

El tribunal ya lo ha deliberado y por ello, ante el riesgo de fuga y la inminente publicación de la sentencia ordenó la detención y prisión de los condenados.

La sentencia aplicará la doctrina del Tribunal Supremo en el caso de las organizaciones juveniles de Jarrai, Haika y Segi, y establecerá que la plataforma Ekin que sustituyó a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) formaba parte de ETA y que los aparatos de financiación, mediático, de relaciones internacionales y de desobediencia civil también eran estructuras dependientes de la banda terrorista.

Las penas son mucho más graves que las solicitadas por el fiscal

La sentencia supone un espaldarazo a las tesis defendidas por el juez Baltasar Garzón, instructor de la causa, quien inició el proceso en 1998 basándose en los documentos incautados al dirigente de ETA José María Dorronsoro Malaxetxeberria, en los que se detallaba el proyecto Udaletxe. En estos documentos se describían las relaciones de las organizaciones del entorno de ETA con la dirección militar de la banda terrorista, y ponía de manifiesto la doble militancia de sus integrantes: la ilegal, en ETA, y la legal, en estructuras paralelas de la izquierda abertzale aparentemente inocuas, para enmascarar la primera.

Garzón se encontraba ayer en Italia en una comisión rogatoria relacionada con terrorismo islamista, pero expresó su satisfacción por la sentencia.

El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, que también es la ponente de la causa, e integrado por los magistrados Luis Martínez de Salinas y Nicolás Poveda, decretó ayer el ingreso en la prisión de Soto del Real (Madrid) de los principales implicados, 38 de los cuales han sido condenados a más de nueve años de prisión.

La pena de cada uno de los acusados está individualizada en los respectivos autos de prisión que ayer les fueron notificados a medida que eran detenidos.

La sentencia condena a 30 de los imputados por pertenencia a banda terrorista, 12 de ellos en calidad de dirigentes, con penas que oscilan entre los 13 y los 14 años. La pena más elevada -22 años de cárcel- ha correspondido al histórico dirigente batasuno José Luis Elkoro, ex alcalde de Bergara (Guipúzcoa) y ex senador de la formación independentista, por pertenencia a ETA, dos delitos contra la seguridad social e insolvencia punible. Sin embargo, Elkoro no ha sido considerado jefe de la banda. Ello puede obedecer a que ni el fiscal, ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejercía la acción popular, habían solicitado su condena como jefe de ETA.

Los condenados por pertenencia a ETA sin la calidad de dirigente son condenados a penas que oscilan entre 11 y 12 años y los condenados por colaboración con banda terrorista, a penas entre los 9 y 10 años de cárcel.

Además, varios acusados han sido condenados por delitos menores como insolvencia punible, alzamiento de bienes o delitos contra la Seguridad Social.

El tribunal ha condenado a penas muy superiores a las que reclamó, en febrero de este año, en sus conclusiones definitivas, el entonces fiscal del caso, Enrique Molina. Sin embargo, la sentencia no vulnera el principio acusatorio, ya que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había formulado acusaciones más graves. El fiscal había rebajado a casi la mitad las penas que solicitaba en sus conclusiones provisionales.

La sentencia no es firme y, una vez que se notifique a las partes, contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.