El PP pide que los estatutos no sean firmes si están recurridos

Es un debate que viene casi desde que se aprobó la Constitución. El Congreso hace las leyes, alguien autorizado las recurre al Tribunal Constitucional -casi siempre la oposición o el defensor del pueblo, y a veces las autonomías- y pasan años hasta que llega la sentencia. Acaba de suceder con la Ley de Extranjería de 2000, algunos de cuyos artículos -que limitaban el derecho de reunión y asociación a los irregulares, por ejemplo- han sido declarados anticonstitucionales. Mientras, la ley ha estado vigente.

El PP quiere recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, que impide que una ley entre en vigor hasta que no se resuelva el contencioso. Pero sólo a los estatutos de autonomía, algo que habría impedido, que el Estatuto catalán hubiese entrado en vigor. Ángel Acebes prometió ayer que su partido reformará la Constitución para recuperar ese mecanismo que despareció en 1985 porque se había convertido, según el PSOE, en un mecanismo de las minorías para bloquear la acción de gobierno.

El PP acompaña esta reforma con una aún más polémica. Se trata de modificar los artículos 53.2 y 161.1b de la Constitución para trasladar, "en todo o en parte" -las precisiones son escasas en todas las propuestas en esta fase inicial de la elaboración del programa- "la competencia para resolver los recursos de amparo del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo".

Con ello pretenden evitar el bloqueo del Constitucional, que tiene pendientes 12.000 recursos de amparo, el último mecanismo contra una sentencia del Supremo. Sin embargo, el Congreso acaba de aprobar, con la oposición del PP, una reforma legal para desatascar el Constitucional. Por eso el socialista Diego López Garrido acusó al PP de "improvisar" estas propuestas. De fondo, según los socialistas, está el interés de la oposición por primar al Supremo, un organismo tradicionalmente más conservador, frente a un Constitucional que, como acaba de suceder con la Ley de Extranjería, se ha mostrado a la vanguardia europea en derechos humanos.

El PP aprovechó ayer la apertura de su conferencia política sobre el modelo de Estado para avanzar algunas propuestas de reforma constitucional, aunque será hoy cuando Mariano Rajoy plantee las modificaciones de mayor calado para delimitar las competencias del Estado que nunca podrán ser transferidas. Rajoy se niega a hablar de "recuperar" competencias, algo que no aceptarían sus barones.

En la sesión de ayer, Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana y ahora portavoz en el Congreso, aseguró que él y su partido son grandes defensores del modelo autonómico y que es el PSOE actual quien lo cuestiona.