El populismo cambia las reglas

La nacionalización del gas decretada por Evo Morales el pasado 1 de mayo no es sino la primera de una serie de medidas anunciadas -y de otras que no ha anunciado, pero sobre las que trabaja- con las que el presidente boliviano se dispone a modificar las condiciones de la presencia de empresas extranjeras en el país: tierra, ferrocarriles, electricidad y agua están entre los primeros objetivos. En Perú, tanto el nacionalista Ollanta Humala como el socialista Alan García han anunciado que en el caso de vencer el próximo 4 de junio en las elecciones presidenciales potenciarán el papel del Estado en la economía: de nuevo hidrocarburos, minería y electricidad están los primeros de la lista. Las empresas españolas ven cómo el marco legal en el que se produjo su entrada en Latinoamérica está variando bruscamente.

La firmeza del presidente uruguayo frente a Argentina transmite un mensaje firme de seguridad jurídica a los posibles inversores en su país

Ciertamente, Bolivia y Perú no son los primeros casos de este cambio de condiciones. Desde diciembre de 2001 las empresas españolas en Argentina están inmersas en un proceso negociador -que va de las mesas bilaterales a los tribunales de arbitraje, pasando por las declaraciones a los medios de comunicación- para redefinir las condiciones en las que operan en el país. En 2005, Venezuela cambió las condiciones en que operaban las petroleras extranjeras de una manera casi idéntica a la que ha utilizado ahora Morales. Chávez anunció además el pasado domingo un nuevo impuesto a la extracción de petróleo.

Ambigua respuesta de Europa

España es el primer inversionista extranjero en Argentina, el segundo en Bolivia y el cuarto en Perú. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), entre las 50 mayores multinacionales no financieras que operan en Latinoamérica hay cuatro españolas: Telefónica, Repsol, Endesa e Iberdrola, y las cuatro operan en uno o varios de los países más sometidos a vaivenes y tensiones entre las administraciones y las empresas de capital extranjero. Según el mismo informe, el sector bancario de la región está dominado por Santander Central Hispano (SCH) y el Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

"Pienso que el problema está en los políticos europeos, que están dando señales ambiguas y eso lo pagan los inversionistas. Kirchner anuncia que no va a ceder y no cede", explica Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría y uno de los analistas políticos más prestigiosos de Argentina, para quien los gobiernos europeos dan un mensaje erróneo ante el populismo en Latinoamérica y la situación se agrava porque en el interior de cada país el populismo a corto plazo da votos y no tiene costos económicos.

"Evo nacionaliza y la economía sigue creciendo. La Bolsa de Caracas ha subido un 54% en 2005 y la de Buenos Aires un 35%. ¿Por qué no ser populista?", se pregunta Fraga.

"Hay que distinguir la naturaleza de las inversiones extranjeras. Las que son estratégicas, por ejemplo en gas, pueden invertir aunque haya una alta incertidumbre", indica Marcela Cristini, economista senior de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas. "Pero las inversiones extranjeras corrientes -las que miran la tasa de retorno o aprovechan el bajo coste de la mano de obra en Brasil o la alta cualificación y bajo coste en Argentina- ponderan más el clima de negocios y ahí ganan Chile, Brasil, Uruguay y Colombia", añade.

Esta circunstancia está siendo aprovechada por estos países que junto a los buenos indicadores económicos ofrecen, con palabras y en ocasiones con fuertes gestos simbólicos, seguridad a los posibles inversores. Algunas de las fuentes consultadas para este reportaje destacan como ejemplo la postura de firmeza que está mostrando el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ante su homólogo argentino, Néstor Kirchner, en la crisis entre ambos países por la instalación en Uruguay de dos fábricas de pasta de celulosa a las que se opone Argentina.

"Lo que está haciendo Vázquez es transmitir un mensaje muy fuerte de seguridad jurídica a los posibles inversores en Uruguay", señalan dichas fuentes.

En el mismo plano se inscriben las declaraciones realizadas el pasado miércoles en Madrid por la ministra chilena de Economía, Ingrid Antonijevic, quien, además de reiterar las condiciones de seguridad jurídica y estabilidad política que exhibe Chile, mostró las cartas que el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet quiere jugar en la atracción de la inversión española en su país: desarrollo del turismo y desembarco de las medianas y pequeñas empresas.

Precisamente, el desembarco de las pymes era uno de los objetivos que manejaba la Administración de Rodríguez Zapatero para el caso de Argentina, después de la llegada en los años noventa de los grandes inversores en banca, comunicaciones, energía y transporte. "Junto a estos inversores han ido llegando otras empresas de servicios de capital español, como por ejemplo seguridad o mantenimiento, pero estando como están las cosas no es probable que lleguen muchos inversores más. Tal vez en sectores puntuales como el vino aún se produzca alguna entrada", opina un alto responsable de una empresa española en Argentina, que estima que esta situación es aplicable a los otros países de la zona donde se avecinan dificultades entre las empresas extranjeras y los diversos gobiernos.

Cumplimiento a medias

"Kirchner ha estado destruyendo sistemáticamente la inversión extranjera en Argentina, pero desde el Gobierno español se le dice que lo hace muy bien y eso genera una situación extraña. Los mensajes a los inversores son confusos", asegura Fraga. "El modelo económico argentino no está definido. Para el inversor no hay transparencia de hacia dónde va la economía", matiza Marcela Cristini, para quien "el inversor no sólo mira los hechos, sino también las señales y éstas son contradictorias".

"La verdad es que lo firmado con el Gobierno argentino se está cumpliendo", asegura a su vez un directivo español, "aunque lo que no se cumplen son los plazos. Eso, ni uno". Cristini destaca que los inversores extranjeros en la región están cambiando sus preocupaciones. "En los noventa se quejaban de la inestabilidad de las normativas, pero ahora preocupan la vigencia del derecho a la propiedad o la corrupción".