Los principales dirigentes del PP, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, pidieron ayer en el pleno del Congreso la dimisión del ministro de Industria, José Montilla, por su posición en torno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, replicó que su Gobierno "piensa que puede haber grandes empresas energéticas españolas".
Las finanzas de la mayor universidad
La Universidad Complutense de Madrid, la mayor de España -con un presupuesto anual de 420 millones de euros, 90.000 estudiantes, 5.000 profesores y 3.500 trabajadores-, desarrolló entre 1999 y 2002 un sistema de financiación paralelo al oficial que se nutría de fondos no declarados de seis colegios mayores.
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró ayer que "el futuro de Navarra no está en el debate sobre el proceso de paz" del País Vasco.
Batasuna proclamó ayer que Navarra es la "columna vertebral" del País Vasco y que sin ella ninguna solución resultará posible, según el miembro de la dirección de la formación ilegalizada Patxi Urrutia.
La Fiscalía Anticorrupción estudia si los documentos que el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana no le remitió sobre su campaña de publicidad de revalorización de pensiones de 2003 destruyen o no el fundamento con el que archivó en septiembre de 2004 su investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 24.000 euros de los dos altos cargos de empresas filiales de la constructora FCC detenidos el pasado martes en Madrid.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a primera hora de la mañana en su domicilio a Juan Carlos Saavedra, gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Telde, Urvitel, en el marco de la Operación Faycán, contra la trama de supuesto cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de obras municipales en esta ciudad.
El Parlamento Europeo cerró ayer definitivamente la puerta a las lenguas vernáculas españolas al rechazar la Mesa por siete votos a seis la posibilidad de que los ciudadanos de Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia se dirijan a la Eurocámara en sus lenguas. Con anterioridad se había pedido al Gobierno español que planteara una nueva fórmula para el uso de esas lenguas por parte de los eurodiputados.