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Jueves, 27 de abril de 2006

Autonomias

El juez deja libres bajo fianza a los directivos de filiales de FCC detenidos por el 'caso Malaya'

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 24.000 euros para cada uno de los dos altos cargos de empresas filiales de la constructora FCC detenidos el pasado martes en Madrid.

Los médicos abuchean a Maragall y Geli en su quinto día de huelga en un mes

Los médicos volvieron a sumarse masivamente ayer a la huelga convocada por Metges de Catalunya, un paro que se repetirá hoy y que habrá obligado a anular miles de operaciones y de visitas en la atención primaria y las consultas externas hospitalarias. El 84% de los facultativos secundaron la huelga, según Metges de Catalunya, seguimiento que el Departamento de Salud rebajó al 35,8%.

Medio Ambiente expedienta al municipio por daños al río en las obras de la M-30

La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, abrió ayer tres nuevos expedientes sancionadores al Ayuntamiento por las obras de reforma de la M-30 en el tramo del río. Según informó la Confederación, el Ayuntamiento ha construido sin autorización un puente provisional de acero y dos colectores.

Camps dice que las críticas al urbanismo sólo son para justificar la derogación del trasvase

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer que las críticas al urbanismo valenciano son "la justificación para que no venga el trasvase del Ebro". Camps, en un desayuno con representantes de la economía española y altos cargos del PP nacional celebrado en Madrid, afirmó que se "trata de una crítica organizada contra la Comunidad Valenciana" orquestada por el Gobierno socialista "y sus amigotes de Bruselas".

El PSE avisa al Gobierno que aceptar los cambios del PNV invalida la ley de Suelo

El PSE advirtió ayer al tripartito de que aceptar los cambios que pretende introducir el PNV en el proyecto de ley de Suelo supone la invalidación del acuerdo suscrito previamente con los socialistas. Ese pacto entre PSE y y el Gobierno a través del Departamento de Vivienda garantiza que el proyecto salga adelante en el Parlamento.

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