El juez deja libres bajo fianza a los directivos de filiales de FCC detenidos por el 'caso Malaya'

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 24.000 euros para cada uno de los dos altos cargos de empresas filiales de la constructora FCC detenidos el pasado martes en Madrid. El magistrado Miguel Ángel Torres imputa un presunto delito de cohecho a Joaquín Martínez-Vilanova, director general de FCC-Connex, y a José María Pérez Lozano, director general de CTSA. Los imputados son, a su vez los máximos ejecutivos de la empresa de transporte Portillo, que opera autobuses interurbanos en la Costa del Sol.

El director gerente de Autobuses Portillo, Julio de Marco, ya había sido detenido el 29 de marzo, en la primera jornada de la operación Malaya. De Marco fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza de 12.000 euros por un supuesto delito de cohecho en relación con la concesión del servicio de autobuses marbellíes.

Martínez-Vilanova -ex presidente de FEVE y de Binter, entre otros cargos- y Pérez Lozano fueron detenidos el martes por la mañana por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado para la Costa del Sol del Cuerpo Nacional de Policía. Los ejecutivos arrestados fueron puestos a disposición del magistrado Torres ayer por la mañana en el juzgado número cinco de Marbella, aunque no declararon ante el juez hasta después de comer. Su comparecencia se prolongó aproximadamente una hora y cuarto hasta las 18.30, cuando abandonaron la sede judicial por la puerta trasera para eludir a los periodistas. En la declaración ante el juez de los dos directivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) estuvo presente el delegado en Málaga de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

La investigación policial sobre Martínez-Vilanova y Pérez Lozano se centra, según fuentes policiales, en supuestas gestiones urbanísticas realizadas sobre la estación de autobuses de Marbella. Entre los encarcelados por la operación Malaya se encuentra el ex concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, cuyo abogado solicitó el martes su puesta en libertad. Con estas últimas detenciones, suman 27 las personas arrestadas hasta ahora en la operación judicial contra la corrupción municipal marbellí, que continúa abierta. De ellas, 11 se encuentran encarceladas en la prisión de Alhaurín de la Torre, y el resto en libertad con cargos.

Arraigo social

La empresa Corporación Española de Transportes por Carretera (CTSA), filial del grupo constructor FCC para el servicio de transporte de viajeros, adquirió en 2001 la propiedad de Automóviles Portillo a cambio de 60 millones de euros. Antes de la venta a FCC, Portillo segregó la compañía y creó una división inmobiliaria que mantiene la propiedad de varias estaciones de autobuses y garajes en distintas localidades andaluzas, por cuyo uso CTSA paga un canon a Portillo Inmobiliaria. La oposición del disuelto Ayuntamiento de Marbella ha solicitado, sin conseguirlo, el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa de autobuses.

El arraigo social de Portillo en la provincia de Málaga es tal que al ser absorbida por CTSA, la empresa mantuvo su denominación. La compañía mantiene la concesión de los servicios de transporte urbano de Marbella, Estepona, Benalmádena y Torremolinos, y la Junta de Andalucía le ha concedido la gestión de las líneas interurbanas de la Costa del Sol occidental, entre Rincón de la Victoria y Algeciras.

Portillo también se encarga de la estación de autobuses de La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento gobernado por Juan Carlos Juárez, del PP y ex miembro del GIL, el partido fundado por el fallecido ex alcalde de Marbella, Jesús Gil.

Por otro lado, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz regresó ayer a Marbella, aunque fuentes del bufete de su abogado, José María del Nido, afirmaron que aún no había recibido la notificación para que ingrese voluntariamente en prisión en el plazo de cinco días para cumplir la pena de seis meses de cárcel que le fue impuesta junto a otros seis concejales marbellíes por el caso Banana Beach.