El PSE avisa al Gobierno que aceptar los cambios del PNV invalida la ley de Suelo

El PSE advirtió ayer al tripartito de que aceptar los cambios que pretende introducir el PNV en el proyecto de ley de Suelo supone la invalidación del acuerdo suscrito previamente con los socialistas. Ese pacto entre PSE y y el Gobierno a través del Departamento de Vivienda garantiza que el proyecto salga adelante en el Parlamento. Sin embargo, la tardía entrada en escena del PNV con su iniciativa ha trastocado esos planes y ha puesto en peligro el trámite. "Es un ataque frontal a uno de los núcleos centrales del acuerdo", avisaron los socialistas.

Con la polémica suscitada por el grupo parlamentario del PNV aún coleando, los socialistas han dejado claro su rechazo frontal a las modificaciones de última hora planteadas por los peneuvistas a un proyecto elaborado por uno de sus socios en el Ejecutivo. El representante del PSE en la ponencia que debate el proyecto de ley, Jesús Loza, indicó que su partido no se cierra a introducir algún cambio, "siempre que sea para mejorar". Pero puntualizó que la propuesta del PNV no incluye modificaciones puntuales, sino que se trata de una "enmienda de totalidad encubierta" que desnaturaliza el texto. "Así es imposible cerrar un acuerdo", zanjó.

Después de aprobar en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de Suelo original redactado por el Departamento de Vivienda, que dirige Ezker Batua, y de dar por bueno el posterior acuerdo con el PSE, ahora el PNV trata de mediatizar su contenido. En todos los pasos anteriores había dejado hacer a su socio, a pesar de sus radicales diferencias con muchos de los aspectos recogidos en el proyecto. Y ha sido cuando la iniciativa, pactada ya con los socialistas, ha iniciado su debate en ponencia cuando el PNV se ha movido para intentar cambiarla. Ese movimiento ha obligado al propio Gobierno a salir en defensa del proyecto de ley y del posterior acuerdo entre Vivienda y los socialistas.

Los cambios que plantean los nacionalistas hacen referencia a las reservas de viviendas de protección oficial y a la aprobación de los planes generales de ordenación urbana de cada municipio por parte de las diputaciones. Por un lado, plantea reservar el 80% del suelo urbano y urbanizable para los pisos protegidos. El 20% de esa reserva iría al alquiler social y el resto a viviendas de precio tasado, que se pacta entre la administración y el constructor. De esta forma, cada alcalde se encontraría con la posibilidad de decidir qué porcentaje reserva a VPO y a tasada. Además, no se establece límite de ingresos para acceder a estos pisos. El riesgo que tiene esta fórmula de reserva de vivienda, según los socialistas, es que se configuren municipios dedicados sólo a la vivienda tasada (más cara y destinada a ciudadanos con más recursos) y ayuntamientos de VPO (pisos a los que acceden las personas con menos recursos). "Queremos", dijo Loza, "autonomía municipal, no independencia municipal". Frente a esta propuesta, el acuerdo entre el Gobierno y el PSE fija para el suelo urbanizable una reserva del 55% para VPO, del 20% para tasada y 25% para libre. En suelo urbano, los porcentajes son del 20% para VPO, 10% para tasada y 70% para libre.

El otro cambio sustancial se refiere a la aprobación de los planes generales de los ayuntamientos, que es el documento que ordena el crecimiento de la ciudad. El proyecto de ley marca que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes puedan aprobar los planes generales sin esperar a que las diputaciones les den el visto bueno. El PNV considera que las diputaciones deben seguir manteniendo la atribución de aprobar esos documentos; y en el caso de que no sea así, que se extienda a todos los municipios mayores de 3.000 habitantes la posibilidad de aprobar sus planes.

EA, el otro socio del Gobierno junto a PNV y Ezker Batua, no quiso posicionarse públicamente sobre la polémica y espera que todo se reconduzca en el seno del Ejecutivo. En eso confía también EB. Fuentes de este partido recordaron que la postura del Gobierno "está clara" en apoyo del proyecto de ley. Aralar también se distanció de la polémica. "Lo que toca ahora es seguir trabajando en la ponencia", apuntó.

Por ahora, la única receptividad a la propuesta del PNV ha partido del PP. Su portavoz en la ponencia, Antón Damborenea, es partidario de que los ayuntamientos tengan la máxima autonomía para poder fijar el tipo de vivienda que precisan. "Nadie mejor que los alcaldes para saber lo que necesita su pueblo", destacó. El apoyo del PP a la propuesta del PNV a través de una enmienda de transacción no serviría para sacarla adelante, al no sumar la mayoría necesaria, pero complicaría el panorama de alianzas, al dificultar que los demás grupos la alcancen.