La Comisión Europea pide al Gobierno de Murcia que no construya 4.000 viviendas en una zona de aves

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea investiga la desprotección por parte del Gobierno de Murcia (PP) de 164 hectáreas de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo Cope (en el término municipal de Águilas) y la construcción en esa zona de un complejo urbanístico. El proyecto, promovido por la constructora Inverlur, perteneciente a la Kutxa de San Sebastián, y por el Grupo Inversor Hispania, consta de 4.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, hoteles de lujo y un centro comercial, que atraerá a una población de unas 15.000 personas.

La recalificación benefició a José López, concejal del PP en Águilas, que compró los terrenos junto con otros empresarios como suelo rústico para posteriormente cederlo a la empresa promotora, el Grupo Hispania, que a cambio se comprometió a darles una parcela una vez que el Ayuntamiento de Águilas convirtiera el suelo en urbanizable. El edil, que tuvo que renunciar a su acta de concejal, se embolsará 1,2 millones de euros. En el PSOE local también hubo consecuencias, ya que fueron expulsados cuatro concejales que se negaron a votar en contra de la decisión municipal.

Para avivar la polémica, la solicitud de desprotección de los terrenos, en los que está previsto construir 3.000 viviendas y un hotel con campo del golf, se produjo después de que se realizaran tres informes oficiales en contra de la decisión del entonces consejero murciano de Industria y Medio Ambiente, Francisco Marqués (PP).

El más polémico de todos rechazaba de forma directa que se pudiera construir en una zona protegida y fue realizado por la Dirección General de Medio Natural, cuyo director era Carlos Brugarolas, quien se encargaba de hacer las declaraciones de impacto ambiental. Pero al final el Gobierno regional decidió que firmara la declaración el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que lo aprobó.

La Comisión Europea se decidió a abrir expediente informativo tras recibir las denuncias de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y del propio PSOE de Murcia, que llamaron la atención de que ese paraje de Águilas está inmerso en un Proyecto Life, mediante el cual la UE trata de mantener con vida una veintena de parejas de águilas-azor perdiceras, en peligro de extinción.

El jefe de unidad de los proyectos Life de la Comisión, Philip Owen, asegura que el organismo ya se ha puesto en contacto con el Gobierno murciano para recordarle sus obligaciones. "El beneficiario [del Proyecto Life] estará obligado a informar a la Comisión acerca de cualquier actividad de terceros que pueda tener un impacto negativo sobre los lugares o las especies objeto del proyecto y, en la medida de lo posible, a convencerles para que no la lleven a cabo", dice el documento enviado al Ejecutivo de Murcia.

Sin embargo, la Administración autonómica ha tratado de regularizar la situación al solicitar la desprotección de 30 hectáreas de la zona de aves, lo que beneficiaría a los intereses de los promotores. El nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente murciano, Benito Mercader, aseguró que en las próximas tres declaraciones de impacto ambiental del proyecto urbanístico "se podrá ver el compromiso que mantenemos con la legalidad, para que se cumpla de forma taxativa".