Detenido el gerente de la empresa municipal de la Vivienda de Telde

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a primera hora de la mañana en su domicilio a Juan Carlos Saavedra, gerente de la empresa municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Telde, Urvitel, en el marco de la Operación Faycán, contra la trama de supuesto cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de obras municipales en esta ciudad. Urvitel estaba presidida por la concejal de Obras Públicas y Vivienda, María Antonia Torres, la principal implicada en el caso.

A Juan Carlos Saavedra, licenciado en Derecho y un técnico de reconocido prestigio en Telde, se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad en documentos. Ayer mismo ingresó en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas, en dependencias próximas a las que ocupa la concejal teldense del grupo Ciuca, Candelaria Sánchez, que ostentaba las delegaciones de Aguas y Saneamiento, y que fue detenida el martes pasado por prevaricación y tráfico de influencias. Según fuentes de la investigación, Sánchez pasará hoy a disposición judicial y Saavedra lo hará en los próximos días.

Estas dos detenciones en menos de 24 horas han vuelto a generar un terremoto político en Telde, la segunda ciudad de Gran Canaria, donde ya han surgido las primeras voces para que se disuelva el Ayuntamiento, gobernado por un pacto entre PP y Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), y se cree una comisión gestora, al más puro estilo marbellí. Así lo ha solicitado el Centro Canario (CCN), cuyo presidente remitió una carta al presidente canario, Adán Martín, instándole a ello. Pero socialistas y nacionalistas rechazan esta opción.

La sombra de la moción de censura también planea sobre el grupo de gobierno, pues con una concejal en la cárcel que rechaza entregar su acta y otra detenida, para la que su partido ya anuncia medidas disciplinarias y a la que ayer el alcalde retiró las delegaciones, el gobierno municipal se ha quedado en minoría.

El caso Faycán, que se abrió a comienzos de marzo pasado y se encuentra en plena fase de instrucción, lleva de momento más de quince detenidos entre empresarios, funcionarios, asesores y políticos, de los que ha conducido a la cárcel a tres personas, permaneciendo allí en la actualidad sólo la concejala popular María Antonia Torres, principal implicada.