El Parlamento argentino debate la anulación de las leyes de impunidad

La Cámara de los Diputados del Congreso argentino comenzó ayer a debatir los proyectos para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1986 y 1987 y derogadas ya en 2000, que impiden procesar a unos 2.395 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que padeció el país entre 1976 y 1983.

El presidente argentino, Néstor Kirchner, ha dado también un nuevo paso adelante en el camino "de la verdad, la justicia y la memoria" y ha ratificado por decreto la adhesión de Argentina a la convención de Naciones Unidas de 1970 que declaró imprescriptibles los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad. El decreto del Ejecutivo activa dentro de tres meses la aplicación de la convención, convertida en ley por el Congreso en 1995. Kirchner pidió además a los legisladores que le concedan a esa ley rango constitucional, una decisión que obligaría al Congreso a aprobarla con dos tercios de votos favorables en ambas Cámaras.

De ser incorporada a la Constitución, la ley basada en la convención impone a su vez la anulación de los efectos retroactivos de la Obediencia Debida y el Punto Final.

El grupo del peronismo, la primera minoría en la Cámara, aceptó que se votara anoche un un proyecto legislativo común apoyado por la izquierda y al que los radicales prestarían su quórum, aunque no su voto. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos políticos convocaron ayer una concentración frente a la sede del Congreso que fue seguida por miles de personas. Los manifestantes celebraron la prisión preventiva dictada contra María Julia Alsogaray, ex secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ordenada ayer en uno de los cuatro procesos que se le siguen por malversación de fondos públicos.