El Parlamento argentino anula las leyes que mantenían impunes los crímenes de la dictadura
La negociación ha durado más de siete horas
El Parlamento argentino ha aprobado tras más de siete horas de debate la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que supone un importante avance en la pretensión de que los acusados de violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura (1976-1983) sean juzgados en Argentina.
La mayoría de los representantes del Partido Justicialista (PJ), la Alternativa por una República de Iguales (ARI), el Frepaso y los partidos de izquierda votaron a favor del proyecto, que aún deberá ser ratificado por el Senado y que contó con el rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR) y por los provinciales.
Durante una sesión histórica, los diputados declararon "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que hasta ahora habían impedido el procesamiento de los responsables de violaciones contra los Derechos Humanos durante la dictadura.
El Parlamento también ha aprobado, por unanimidad, el proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de Naciones Unidas, ya ratificada por el presidente argentino, Néstor Kirchner. Al ser elevada a rango constitucional, la ley basada en la convención de Naciones Unidas impone a su vez la anulación de los efectos retroactivos de la Obediencia Debida y el Punto Final.
Varios analistas han explicado a EFE que, después de esta decisión del Parlamento, lo previsible es que las extradiciones a terceros países se frenen, con lo que los 46 ex represores que reclama el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quizá no sean juzgados en Madrid.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos políticos convocaron ayer una concentración frente a la sede del Congreso que fue seguida por miles de personas. Los manifestantes celebraron la prisión preventiva dictada contra María Julia Alsogaray, ex secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ordenada ayer en uno de los cuatro procesos que se le siguen por malversación de fondos públicos.
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