Productores y consumidores combaten el uso "fraudulento" del término "bio"

El Gobierno tiene abierto un frente judicial por la liberalización del uso del término "bio" en los alimentos, pero los colectivos que han batallado contra la posición gubernamental también sacarán su denuncia a la calle este sábado. Una caravana informará a consumidores de centros comerciales de Sevilla del uso "fraudulento" del prefijo, que la Comisión Europea sólo permite adherir a productos elaborados de forma ecológica. Más de la quinta parte de la superficie española cultivada así está en Andalucía.

El secretario de organización de COAG, Manuel Izquierdo, señaló que entre los colectivos directamente perjudicados por la utilización laxa del término "bio" se encuentran los productores de agricultura y ganadería ecológica a quienes, recalcó, se les exigen una serie de requisitos en sus procesos de producción para garantizar que el cultivo final responda a los principios de la agricultura ecológica, mientras que la etiqueta "bio" acompaña alimentos que no han sido producidos de este modo.

La cuarta parte de los 16.000 productores de agricultura ecológica de España pertenecen a Andalucía, donde también se concentran 125.000 del medio millón de hectáreas que se cultivan en todo el territorio español atendiendo a estos criterios. La asociación agraria, que denunció el real decreto del Gobierno donde se liberalizaba el uso del término ante el Tribunal Supremo, pretende también exigir a la Administración una compensación por los daños que genera a los productores ecológicos reales.

La normativa elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ampara un uso tan flexible que, según el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno, se produce "un abuso fraudulento". "El término tiene un significado distinto aplicado a alimentos distintos", indicó Itziar Aguirre, en representación de la Federación de Productores y Consumidores Ecológicos, después de enumerar los casos de yogures, galletas y zumos donde el sufijo "bio" se utiliza para aludir a elementos diferentes. "Se esconden detrás de un término prestigiado", dijo después de criticar el error que induce en los consumidores que van buscando productos ecológicos tras esta denominación.

Itziar Aguirre censuró el hecho de que España sea el único país de la Unión Europea que ha amparado tal permisividad, a través del real decreto del Gobierno. Juan Moreno no dudó en achacar la iniciativa legal del MAPA al "fruto de las presiones de la gran industria de la alimentación". El responsable de la UCA lamentó que "pesen más" estos intereses que los de los consumidores. "Acaban usando el prestigio de la agricultura ecológica para hacer sustanciosos beneficios", reprochó.

Denuncia de la Comisión

El sector de los productos lácteos, según el representante de COAG, ha sido el que ha ejercido más presión para evitar que el uso del término se restringiese sólo a lo producido de forma ecológica, aunque luego "se han sumado los zumos y las galletas". Manuel Izquierdo recordó que la Administración española ni siquiera ha rectificado después de la petición hecha por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que intervino a instancias de la asociación COAG.

Ante la nula receptividad española al requerimiento de Bruselas para modificar el decreto, la Comisión ha decidido plantear ante el Tribunal de Justicia un recurso por el incumplimiento sobre las directrices europeas. Este procedimiento comunitario discurre en paralelo al que se sigue en el Tribunal Supremo, a iniciativa de COAG.

El Parlamento andaluz también respaldó en una iniciativa la adaptación de los distintivos "bio" y "eco" a lo estipulado en Bruselas, como demandan los productores y consumidores para saber a ciencia cierta que hay detrás de su uso.