Un informe recomienda que la sanidad pública pague el cambio de sexo

Un informe solicitado por el Consejo Interterritorial de Salud al Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, considera que existen fundamentos para 'la potencial incorporación' al sistema público de salud de los tratamientos para el cambio de sexo. El consejo se debe a que 'los trastornos de identidad de género son estables, y causan un gran sufrimiento'.

El trabajo, que fue encargado por la subcomisión de Prestaciones del Consejo (el órgano que agrupa a los responsables sanitarios de las administraciones central y autonómicas) asegura que los protocolos para el tratamiento quirúrgico están bien establecidos y recomienda asimismo la terapia hormonal.

La presidenta de la Asociación de Identidad de Género de Andalucía, Kim Pérez, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Felipe Alcaraz, presentaron ayer las conclusiones del estudio en Granada. Pérez explicó que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Carlos III accedió a informarle verbalmente del contenido del texto aunque no logró una copia dado su carácter 'reservado'.

El estudio se realizó como consecuencia de una proposición no de ley de IU que aprobó el Congreso por unanimidad el 14 de abril de 1999. En ella se pedía al Gobierno que estudiara la 'posibilidad de que los costes del tratamiento psicológico, endocrinológico, quirúrgico, plástico-quirúrgico y estético de los transexuales corran a cargo de la Seguridad Social'.

4.000 candidatos

Andalucía es la única comunidad que sufraga, desde finales de 1999, los gastos de la cirugía de reasignación de sexo. Pero el hospital Carlos Haya de Málaga sólo efectúa dos intervenciones al mes, y tiene una lista de espera de más de 240 personas. 'A este paso, algunos transexuales tardarán 10 años en operarse', según Pérez. Se calcula que en España hay unos 4.000 candidatos a la intervención.

La subcomisión del consejo interterritorial discutió el informe en junio de este año. Entonces, sólo Extremadura (además de Andalucía) se mostró partidaria de incorporar el tratamiento al catálogo de la Seguridad Social. Esta lista de prestaciones, elaborada en 1995, excluye expresamente la operación de cambio de sexo, salvo en los casos de 'intersexualidades patológicas'.

El informe del Carlos III también recomienda que cada una de las solicitudes de cambio de sexo debería ir precedida del cumplimiento de un protocolo supervisado por un equipo multidisciplinar, insiste en que las intervenciones respeten la intimidad de los pacientes y aconseja que durante el proceso los transexuales puedan disponer de un documento con su nueva identidad sexual. Para supervisar cada uno de los casos, el Carlos III propone la creación de un comité nacional con el fin de homogeneizar la atención de todas las comunidades autonómicas.

Pérez acusó ayer al PP de estar empeñado en tratar la transexualidad bajo un punto de vista 'religioso y fundamentalista' y consideró 'desconcertante' que el partido del Gobierno, que votó a favor de la proposición en el Congreso, se haya desentendido a la hora de llevarla a la práctica. 'Las idas y venidas del PP sugieren la existencia de discrepancias internas o, lo que es peor, que han fingido', añadió.

Felipe Alcaraz, por su lado, dijo que la 'reasignación del sexo' es un problema de 'gran magnitud' que está siendo respaldado por los jueces. Dos recientes sentencias, una en Barcelona y otra en Alicante, han subrayado el sufrimiento de los demandantes al ordenar que la Administración pague su operación de cambio de sexo. No se trata, por lo tanto, de un asunto de 'clientelismo electoral', añadió Alcaraz.