8.000 personas esperan en España la aprobación de una ley que avale el cambio de identidad sexual

Unos 8.000 transexuales esperan una ley que regule su situación en España, según la representante del área de Política Transexual de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays, Carla Antonelli. 'Claro que no todos están operados', aclara la transexual, bien porque no han tenido tiempo, no han reunido el dinero que cuesta la intervención (la sanidad pública sólo se hace cargo en casos 'patológicos'), o, simplemente 'porque no quieren', explica Antonelli.

La proposición de ley de Identidad Sexual del PSOE pasó por el Senado sin problemas, pero actualmente se encuentra 'secuestrada en la Comisión de Justicia del Congreso', según Antonelli. La presidenta de la Asociación por la Identidad de Género de Andalucía, Kim Pérez, afirma: 'El PP la tiene congelada', acusa.

La falta de una ley no ha impedido que algunos transexuales se casen. Es el caso de Ángel y Ángela, una transexual, que contrajeron matrimonio en septiembre del año pasado. Para ello necesitaron que un juez lo permitiera. 'Ése es el problema. Vivimos a golpe de sentencias, y no todas tenemos ni fuerzas ni dinero para estar acudiendo a los tribunales', se queja Antonelli.

La puerta la abrió la directora general de Registros, Ana López-Monís. El alto cargo de Justicia dictaminó en marzo del año pasado que una vez que un juez aprueba la inscripción en el Registro Civil del nuevo sexo de un transexual, impedirle el matrimonio sería 'dejar las cosas a medio camino'.

'Esta resolución es casi tan fuerte como una sentencia del Supremo', afirma Pérez. Por eso las reclamaciones de los transexuales son la financiación pública de la cirugía de cambio de sexo y que se inscriba su sexo 'verdadero' en el registro civil. 'Ahora, eso es criterio de un juez. Para el cambio de hombre a mujer exigen la cirugía total. Para el de mujer a hombre, como es más complicado, puede bastar la mastectomía', comenta Pérez. Pero depender de una sentencia no deja de ser 'un riesgo'. 'A mí, cuando me inscribieron como mujer, el juez especificó que era sin derecho a casarme', explica Pérez. Un hecho que sólo una ley puede evitar.