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Francia y Suecia se oponen a castigar a los países que no controlen la salida de sus inmigrantes

España propone que puedan quedar en suspensión los acuerdos de cooperación

Carlos Yárnoz

La guerra contra los inmigrantes clandestinos lanzada por José María Aznar y Tony Blair ya tiene sus detractores en la UE. Francia y Suecia, a los que se unieron al menos Bélgica, Grecia, Irlanda y Finlandia, se mostraron ayer en la reunión de ministros del Interior de los Quince, celebrada en Luxemburgo, en contra de que la Unión castigue a los países de los que proceden los inmigrantes clandestinos. España propone que incluso puedan suspenderse los acuerdos de cooperación. 'Los países ricos no pueden amenazar a los países pobres', denunció ante los periodistas el ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy.

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En parecidos términos se expresó en la reunión ministerial el representante belga, Antoine Duquesne, según asistentes a la cita, que destacaron al ministro griego, Philipos Petsalnikos, como el más crítico al respecto. También el representante sueco, Thomas Bodström, calificó de 'contraproducente' hablar de sanciones contra ese tipo de países. También el comisario de Interior, António Vitorino, prefirió hablar de 'un partenariado' con esas naciones de las que parten inmigrantes ilegales en lugar de referirse a sanciones.

En el lado opuesto se situaron Reino Unido, España, Italia y, sobre todo, Dinamarca, país en el que la ultraderecha está representada en el Gobierno de coalición. Alemania tuvo una posición menos clara, aunque su ministro, Otto Schily, sí comentó que debe haber 'consecuencias' para los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. 'Si no hay lucha contra la inmigración ilegal, no hay ayuda', declaró explícitamente el ministro italiano, Claudio Scajola.

Pese tales discrepancias, los ministros dieron su visto bueno al documento sobre inmigración ilegal y 'medidas contra los terceros países que se nieguen a cooperar con la UE' (ver EL PAÍS de ayer). En ese documento, en efecto, se indica que la UE dará 'una respuesta política rápida' contra países 'de embarque, salida o tránsito' de corrientes migratorias ilegales y que hará 'una evaluación sistemática' de las relaciones exteriores europeas con esos Estados. De hecho, el documento, que será analizado por los líderes europeos en la cumbre de Sevilla, se indica que la política de inmigración debe incluirse en la Política Exterior y de Seguridad de la UE.

En el documento se precisa que la lucha contra la inmigración ilegal será 'un aspecto importante' a la hora de negociar acuerdos de cooperación con terceros países. En las versiones iniciales se contempló la posibilidad de revisar los ya suscritos con anterioridad, pero en el informe aprobado ayer se indica que se incluirán cláusulas al respecto en los acuerdos que ahora se negocian o se negocien en el futuro.

En el informe bendecido por los ministros no se concretan cuáles pueden ser esas 'medidas' de castigo y por eso fue aceptado incluso por los países más críticos con la idea. Pero el día anterior, la presidencia española de la UE sometió a consideración del resto de países otro documento en el que se indica que los acuerdos de cooperación con terceros países incluirán una cláusula sobre colaboración contra la inmigración ilegal. 'El incumplimiento de esa cláusula puede dejar en suspenso el acuerdo', concluye el documento.

El ministro español del Interior, Mariano Rajoy, eludió ayer concretar las medidas de castigo. 'Soy partidario', respondió a la pregunta, 'de que esos países tengan normas de sentido común', como la inclusión del tráfico de seres humanos en sus códigos penales o la confiscación de medios empleados por las mafias. Rajoy destacó que él y sus colegas se han limitado a señalar que 'se tenga en cuenta' el grado de colaboración de los países a la hora de suscribir acuerdos de cooperación, pero que ahora son los líderes europeos los que deben traducir esa decisión. El ministro español argumentó que nadie puede criticar a la UE por intentar poner orden en un tema 'que parece que preocupa a la opinión pública europea', si bien rechazó la relación entre estas iniciativas y el ascenso de partidos xenófobos en el continente.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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