La Unión Europea aprobará en Sevilla un reglamento que limitará el recurso al veto

Recurrir al veto en una futura UE con 27 Estados o más sería apostar por la parálisis. Por eso, los Quince quieren aprobar en Sevilla la próxima semana un código de conducta o reglamento para las cumbres en el que se incluirá un recorte radical al habitual abuso de esa práctica entre los líderes europeos. En caso de discrepancia en un tema, se dejará constancia en las conclusiones finales si existe mayoría cualificada a favor de una posición, lo que supone un cambio fundamental. Con el nuevo sistema, quedará claro que una cuestión rechazada por una minoría acabará siendo aprobada posteriormente.

Sin mencionar ese código de conducta, la idea se recoge en el documento elaborado por el presidente español, José María Aznar, y el secretario general del Consejo de la UE, Javier Solana, sobre las reformas que serán sometidas a los Quince en la capital andaluza. Como algunos países desean que los líderes lleguen a votar en las cumbres, donde las decisiones se adoptan por unanimidad, y otros lo rechazan, Aznar y Solana se inclinan por esa fórmula intermedia de 'constatación de posiciones'. La iniciativa de poner freno al veto en las cumbres ya fue planteada en marzo por el británico Tony Blair y el canciller alemán Gerhard Schröder y cuenta con un apoyo mayoritario.

El informe pone de relieve que 'es ampliamente compartido el hecho de que, tras la ampliación, será cada vez más difícil que el Consejo Europeo cumpla su cometido con la autoridad y eficacia que se espera del órgano político supremo de la UE'. Entre las soluciones planteadas figuran la reducción de los actuales 16 consejos (Agricultura, Desarrollo, Empleo, Educación...) a 'una decena' o la creación de un nuevo Consejo de Asuntos Generales (CAG) encargado de preparar el orden del día de las cumbres.

Otra iniciativa ya mencionada meses atrás, sobre la que existen recelos en algunos Gobiernos de coalición, consiste en crear el Consejo de Relaciones Exteriores, cuyos ministros compatibilizan en el CAG actual su dedicación a los asuntos generales y a los de exteriores. El nuevo Consejo de Exteriores sería responsable de las políticas exterior y de defensa, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

También incluye el documento la posibilidad de que las sesiones de los consejos dedicadas a cuestiones legislativas, como el debate de proyectos lanzados por la Comisión Europea, sean abiertas al público 'tanto en la fase de deliberación como en la de votación final', lo que pondrá fin al secretismo de esas reuniones. Igualmente, se propone 'una programación más racional de las actividades del Consejo', por ejemplo a través de la elaboración de 'programas anuales' hechos por dos presidencias. Ahora, cada presidencia fija sus prioridades en su semestre.

Presidencia colectiva

Todos estos cambios no requieren modificaciones del Tratado de la UE y los que se aprueben serán aplicados ya el próximo semestre bajo presidencia danesa de la UE. Pero el documento incluye otras polémicas iniciativas que sí exigen modificar el Tratado y que han sido incluidas para iniciar el debate sobre ellas. La más importante se refiere a las 'presidencias colectivas' que sustituirían al 'concepto de presidencia individual de un Estado'.

Al respecto se ofrecen dos alternativas. La primera consistiría en 'una asociación funcional entre dos o tres presidencias sucesivas', que funcionaría 'bien como una verdadera presidencia colectiva' o 'bien como una colaboración reforzada en la que una de las presidencias guardaría el estatus de presidencia en ejercicio mientras las otras actuarían como por delegación'. En estos momentos, por ejemplo, España, Dinamarca y Grecia habrían formado esa asociación porque sus turnos son consecutivos.

La otra alternativa, que tiene más posibilidades, consiste en 'una rotación automática entre cinco o seis equipos preconstituidos' (de cinco o seis países cada uno) que ejercerían la presidencia 'por un periodo fijo de dos años y miedo o tres'. Para ello, tendría que garantizarse un equilibrio entre todos los Estados, de manera que en cada equipo hubiera una adecuada combinación entre grandes y pequeños, entre el Norte y el Sur o entre contribuyentes netos y receptores de fondos europeos. Los países pequeños ya han expresado su rechazo a la fórmula.

Por último, el documento propone elegir un presidente del Consejo, 'por ejemplo entre sus antiguos miembros', que estaría acompañado 'por un número determinado' de líderes para asistir al presidente. Esta idea es sostenida por Aznar, Blair (a los que se considera hipotéticos candidatos) y el francés Jacques Chirac, pero los pequeños se oponen y Schröder se ha mostrado muy reticente.

En la cumbre de Sevilla presentará su primer informe el francés Valery Giscard D´Estaing, presidente de la Convención sobre Europa encargada de presentar en 2003 sus propuestas para reformar la UE en profundidad. El hecho de que el Consejo realice por su cuenta trabajos y análisis sobre su propia reforma ha originado suspicacias entre los 105 miembros de la Convención. Pero el documento de Solana aún puede suponerles un disgusto mayor porque en el mismo se dice explícitamente que 'está bastante ampliamente admitido' que 'el Consejo debe reservarse la posibilidad, en paralelo a los trabajos de la Convención, de proseguir el estudio de las adaptaciones más sustanciales susceptibles de ser aportadas al actual sistema de presidencias semestrales'.