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Duhalde amenaza con abrir los bancos argentinos y que 'sea lo que Dios quiera'

El presidente exige al Congreso que apruebe la conversión forzosa de los depósitos en bonos

El Gobierno argentino jugó anoche la que probablemente sea su última carta para evitar la quiebra del sistema financiero. Remitió al Parlamento el proyecto de ley que le permitirá canjear obligatoriamente los depósitos a plazo de los ahorradores atrapados en el corralito por bonos de deuda con garantía del Estado. De la decisión de los legisladores depende la reapertura de los bancos, cerrados desde ayer por tiempo indefinido y también el destino del Gobierno de Eduardo Duhalde, quien ayer avisó que si no se aprueba la ley, los bancos tendrán que abrir, 'y que sea lo que Dios quiera'.

El ministro de Economía argentino, Jorge Remes Lenicov, que regresó ayer de Washington, tiene tres semanas de plazo para lograr las reformas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre las que se incluyen la derogación de la llamada Ley de Subversión Económica que permitía a los jueces someter a proceso a los banqueros que se niegan a devolver los depósitos a los ahorradores; la reforma de la recientemente aprobada Ley de Quiebras, que beneficia a los grandes grupos económicos argentinos endeudados en dólares; y el acuerdo con las provincias más importantes -Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza- para que reduzcan efectivamente su pasivo en un 60% y comiencen a rescatar parte de los 5.000 millones de dólares sin respaldo que circulan en forma de títulos de deuda provincial como papel moneda o 'papel pintado', como los llaman los argentinos en su jerga diaria.

Sólo si se consiguen esos objetivos, el FMI estaría dispuesto, hacia fines de mayo, a asistir a Argentina con unos 9.000 millones de dólares. Este dinero es parte de los pagos suspendidos desde finales de octubre de 2001 por el organismo. El ministro Remes Lenicov calculó que unos 25.000 millones de dólares son los que necesitaría el país para equilibrar sus cuentas, terminar con la recesión que ya lleva más de cuatro años, reprogramar los pagos de su deuda pública, que supera ya los 140.000 millones de dólares, y comenzar un lento proceso de recuperación.

Fusión de bancos públicos

El Ejecutivo pedirá también al Congreso la reforma de la Ley de Entidades Financieras y de la Carta orgánica del Banco Central para que tenga 'más capacidad de intervención en una crisis'. Como primer paso de la anunciada reforma del sistema financiero se anunció la creación del Banco Federal Nacional, que resultará de la fusión del Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Eduardo Amadeo, portavoz del presidente Eduardo Duhalde, dijo que 'se invitará' a adherir también al Federal a los bancos provinciales y municipales 'para reforzar la banca pública y dotarla de mayor fortaleza y solidez'. Entre esos 'invitados' estarían el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el banco provincial más importante, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión provocó la inmediata renuncia de Enrique Olivera, presidente del Banco de la Nación y destacado dirigente político radical que había sobrevivido a la caída del presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre. Según Olivera, 'el trabajo en conjunto con el BICE se daba en los hechos y en cuanto al resto no es razonable la fusión de los bancos, que tiene inconvenientes'. El ahora ex presidente del Banco del Nación duda también de la eficacia del canje de depósitos por bonos porque no está de acuerdo con que se tomen medidas aisladas. A su juicio, 'hay que plantear la emergencia social, la reforma política y la normalización de la economía en su conjunto, las medidas aisladas no van a ser conducentes en este momento'.

Añadido a esto, el plan de canje por bonos recuerda a uno muy similar realizado por el Gobierno del ex presidente Carlos Menem en 1990. El descontento popular es palpable y no se descarta que la aprobación del canje provoque un cacerolazo que derribe el Ejecutivo de Duhalde. Sin embargo, el presidente parece firme en conseguir la ley y ayer dijo que si ésta no se aprueba, los bancos tendrán que abrir sus puertas, 'y que sea lo que Dios quiera'.

El proyecto de Ley que ingresó en el Senado y será debatido en maratonianas sesiones entre hoy y mañana, incluye como concesión del Ejecutivo al Parlamento una reforma en la aplicación del llamado Coeficiente de Estabilización de Referencia, conocido popularmente como CER, cuando acabe el plazo de 180 días impuesto en enero por la Ley de Emergencia Económica que congeló las tasas de interés en enero. En principio, el CER debía ser la suma del interés original más la tasa de inflación, que se esperaba leve y gradual, pero el aumento en la cotización del dólar, valor de referencia para toda la economía, provocó un alza de la inflación que ya supera el 15% previsto para todo el año. De aplicarse el CER como estaba previsto, los préstamos y los alquileres se volverían impagables.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de abril de 2002