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El Gobierno de Argentina dimite en bloque por el fracaso del plan de canje de bonos

Duhalde acepta la dimisión del ministro de Economía y prepara un giro de la política cambiaria

La dimisión del ministro de Economía y hombre fuerte del Gobierno argentino, Jorge Remes Lenicov, abrió ayer una crisis política de proporciones imprevisibles que amenaza con descabalgar al propio presidente de la República, Eduardo Duhalde. Senadores, diputados, gobernadores y sindicalistas del Partido Justicialista (PJ), en el Gobierno, discutían anoche con Duhalde la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones que, hasta ayer, estaba prevista para finales del 2003. Informaciones de última hora indicaban que los poderosos gobernadores peronistas de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de Santa Fé, Carlos Reutemann, han retirado su apoyo al presidente argentino, con lo que queda más debilitado que nunca.

Todos los miembros del Gobierno argentino pusieron ayer sus cargos a disposición del presidente Eduardo Duhalde después de la dimisión del ministro de Economía y hombre fuerte del Gabinete, Jorge Remes Lenicov, que se convirtió en la primera víctima del fracaso de un Ejecutivo cada vez más debilitado. El presidente aceptó las dimisiones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de la Producción, José Ignacio Mendiguren.

Apenas cuatro meses después de asumir como ministro y acosado desde diversos frentes por la grave crisis financiera, Remes dimitió ante las profundas divergencias en las filas del oficialismo y de la oposición sobre el controvertido proyecto de ley de canje por bonos de deuda de los depósitos a plazo atrapados en el corralito. El presidente Duhalde preparaba anoche un importante giro en su política económica.

En la calle, la rabia de los argentinos se hizo sentir con intensidad, mientras dirigentes políticos y parlamentarios fueron incapaces a lo largo del día de llegar a un acuerdo sobre el programa económico. Las concentraciones y caceloradas se prolongaron hasta altas horas de la noche frente al Congreso y la residencia presidencial.

Las nuevas directrices del presidente en el terreno económico incluirían, según diversas fuentes, la vuelta a un tipo de cambio fijo, abandonado desde el fin de la convertibilidad a principios de enero, y una amplia remodelación del Gabinete.

A última hora de ayer se barajaban varios nombres para ocupar la importante cartera de Economía, entre los que destacaba sobre todo el de Alieto Guadagni, secretario de Energía, aunque también se barajaban los de Humberto Petrei, economista vinculado al gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota; Guillermo Calvo, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central.

La salida del Gobierno de Remes Lenicov deja herido de muerte, antes de su aprobación, el proyecto de ley conocido como plan bonos, con el que Duhalde y el ministro de Economía pretendían resolver el espinoso problema de los depósitos congelados en el corralito.

Fuentes próximas al Ejecutivo indicaron que el plan está descartado y que a partir de ahora el objetivo es lograr la aprobación de una ley que impida sacar dinero del sistema bancario por la vía judicial. Es decir, el Gobierno quiere evitar a cualquier precio la ejecución de los fallos de los jueces que obligan a las entidades bancarias a devolver el dinero a los ahorradores que presentaron recursos de amparo. Según las dos asociaciones que agrupan a los bancos públicos y privados, Abapra y ABA, hasta la segunda semana de abril se han cumplimentado medidas favorables a los ahorradores en 10.300 causas, lo que ha supuesto la salida de los bancos de 393 millones de dólares (440 millones de euros). Las entidades financieras advierten en un comunicado dirigido a la Corte Suprema que las 10.300 causas sólo representan el 5% de los juicios iniciados. Si los jueces fallaran a favor de todos los recursos de amparo, agregan los bancos, tendrían que pagar 20.000 millones de pesos, que es el doble del efectivo que tiene el sistema financiero, que según el citado comunicado "está al borde del colapso en un tiempo cercano".

Suspender la sesión

La debilidad de Duhalde quedó de relieve ayer cuando el Senado se vio obligado a suspender la sesión que debía iniciarse para debatir y aprobar la ley que el Gobierno remitió el lunes con carácter de urgencia y que ya se conoce como el nuevo plan Bonex, en referencia al plan de canje de bonos que puso en marcha el ex presidente Carlos Menem en 1990. Las disensiones entre los legisladores del Partido Justicialista (PJ, peronista) y de la Unión Cívica Radical (UCR) eran de tal calibre en la distintas reuniones celebradas en comisión que no se pudo celebrar la sesión plenaria.

Desde la residencia presidencial de Olivos, Duhalde convocó a los senadores peronistas a una reunión a la que también estaban citados los principales gobernadores del PJ. A esta hora la dimisión de Remes Lenicov ya era indeclinable.

El presidente había apostado fuerte el lunes al amenazar con dimitir o abrir la puerta al caos. Precisamente para evitar el colapso del sistema financiero y la retirada de depósitos por orden judicial, el Gobierno decretó un festivo bancario indefinido a la espera de que el Congreso diera luz verde a la ley que hubiera significado, según sus patrocinadores, la solución definitiva al problema del corralito. Sólo le creyeron el presidente y su ministro, que en las últimas horas tuvieron enfrente a congresistas, ahorradores y empleados bancarios que ven amenazados sus puestos de trabajo con los planes del Gobierno. Ayer se repitieron las escenas del lunes por la noche, en las que enardecidos ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas e impidieron con su presencia la salida de sus señorías del palacio del Congreso hasta altas horas de la noche. La sede del Parlamento quedó aislada del exterior por una verja metálica que rodea todo el edificio y por un impresionante contingente policial.

El frustrado plan de los bonos, convertiría en forma obligatoria los depósitos a plazo fijo en dólares en un bono en pesos a cinco años. Dichos depósitos fueron pesificados a 1,40 pesos por dólar en enero pasado. Quienes no aceptaran ese bono en pesos podría cambiarlo por un bono del Gobierno nacional en dólares dentro de los 30 días de sancionada la ley. El principal punto de fricción tiene que ver con quién garantizará los nuevos bonos con los que el Estado devolvería a los ahorradores los plazos fijos reprogramados hasta a 10 años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de abril de 2002