Reportaje:

Caudillos contra el desarrollo

El Consenso de Monterrey apunta a la corrupción política como principal obstáculo para salir de la pobreza

El negro Durazo fue un jefe policial mexicano que reprodujo el Partenón y la discoteca neoyorquina Studio 54 en sus fincas, y recibió la investidura doctor honoris causa durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982), siendo el pillaje su única maestría. El sarcasmo atribuido a la calaña de América Latina, '¿qué es la moral?, pues un árbol que da moras', fue dogma en los palacios de gobierno de medio planeta, y su combate, prioridad en la cumbre de Monterrey. Si la corrupción no es derrotada, concluyó el foro, la financiación al desarrollo fracasará.

Psicópatas con banda de emperador depredaron África y Asia, países enteros fueron latifundios de sátrapas bananeros, y la coalición occidental contra el comunismo prohijó tiranías como la del congoleño Mobutu, que se hizo construir una pista de aterrizaje en su pueblo para poder recibir al Concorde. Miles y miles de millones de dólares escamoteados a sociedades famélicas sufragaron flotas de Mercedes, la zapatería de lujo de la filipina Imelda Marcos, mientras la deuda externa del Tercer Mundo trepaba hasta los dos billones de dólares. Una buena parte recaló en cuentas extranjeras, paraísos fiscales y palacetes en Miami o en la Riviera francesa.

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Proyectos contra la pobreza fueron malogrados por la burocracia, la ineptitud o la corrupción. 'Un tema pendiente es la forma en que se pueden repatriar recursos económicos sacados de los países en vías de desarrollo y transferidos a bancos de los países industrializados', destacó Kofi Annan, secretario general de la ONU. El Consenso de Monterrey, firmado por los países ricos y pobres, propuso premiar a los Gobiernos decentes y democráticos, porque la corrupción y el soborno son 'serios obstáculos' al desarrollo, reconoció el paquistaní Shamsad Ahmad, uno de los redactores del documento de conclusiones de la cumbre clausurada la noche del viernes.

América Latina escolarizó el bandolerismo de guante blanco, la impunidad y la compra-venta de jueces venales, y la relación de reos en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador o Centroamérica es enciclopédica. La pasada semana, varios ramos de flores agradecían la valentía de la juez que encausó al ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, y a una docena de miembros de su Gobierno con cargos de enriquecimiento ilícito. La oposición acusa a Alemán de haber amasado una fortuna de casi 250 millones de dólares en una nación con el 75% de sus habitantes en la pobreza. El virus envenenó también al sandinismo revolucionario, cuya comandancia vive hoy en la opulencia, y habita las mansiones expropiadas en los ochenta en nombre de la justicia social.

'Cuando estemos cien por cien seguros de que un individuo robó fondos públicos, no lo vamos a dejar entrar en EE UU', declaró Otto Reich, jefe de la secretaría de Estado para Asuntos Interamericanos. El convencimiento represaría en la frontera a legiones, pero probablemente Reich pide sentencias. La que liberó al argentino Carlos Menem, tras 167 días preso como presunto traficante de armas hacia Croacia y Ecuador, fue protestada. El tribunal, según quienes lo denunciaron, respondía a quien lo había nombrado: el propio ex presidente. Y como el tango se baila entre dos, la inversión extranjera chapoteó también en el barrizal planetario y la multinacional IBM fue pareja en otro escándalo durante la gestión del gaucho riojano.

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El Congreso argentino recibió informes, según los cuales en los últimos 15 años se lavó dinero sucio con la supuesta complicidad del sistema político, financiero y judicial, y con la Suprema Corte como 'órgano garante'. El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, su vicepresidente y otros altos cargos fueron imputados por la prensa como supuestos promotores de 13 cuentas en Panamá destinadas a blanquear fondos por unos 300 millones de dólares.

El Perú de Alberto Fujimori (1990-2000) y de su asesor Vladimiro Montesinos, fue una cueva de ladrones, según el fiscal José Ugaz. Fueron detenidos 120, pero el capo principal huyó a Japón, 'Hay 14 oficiales del Ejército y de la policía, una ex fiscal de la nación, magistrados supremos, miembros del Jurado de Elecciones, propietarios de televisiones, congresistas, alcaldes, funcionarios y banqueros'. La lista no se agosta en Lima, porque otros muchos delincuentes latinoamericanos disfrutan del botín en libertad ya que el Estado de derecho reclamado en Monterrey es aún una quimera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 23 de marzo de 2002.

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