Sanidad a palos

La transferencia de la sanidad a las 10 comunidades autónomas que restaban todavía por asumir esta competencia se ha visto complicada hasta el último momento por la decisión unilateral del Gobierno de hacer de su traspaso efectivo condición previa e inexcusable para poder beneficiarse del nuevo sistema de financiación autonómica. En el dilema de o sanidad o marginación del nuevo modelo de financiación pactado en julio pasado, las 10 comunidades autónomas pendientes de la transferencia del servicio sanitario han optado por entrar por el aro del Gobierno, no sin resistencia y tras un arduo forcejeo sobre la cobertura presupuestaria de la nueva competencia.

Que las cosas no estaban claras lo demuestra el hecho de que algunas de las autonomías gobernadas por el PP han mostrado al menos la misma reserva que las regidas por el PSOE a la enmienda sobre la vinculación del acuerdo de financiación autonómica con el de la sanidad, introducida con nocturnidad y alevosía por el Gobierno sin debate alguno, en la tramitación de los Presupuestos en el Senado. Que las autonomías hayan terminado por aceptar una a una esta transferencia no avala los métodos empleados por el Ejecutivo en un asunto merecedor de la máxima transparencia y consenso político. Durante 20 años, los traspasos de competencias han sido negociados entre las partes y no impuestos por una de ellas mediante amenaza. Las autonomías han hecho de la necesidad virtud y han sopesado los inconvenientes que habría acarreado a sus ciudadanos permanecer fuera del nuevo sistema de financiación.

La reticencia de la mayoría de las comunidades pendientes del traspaso de la sanidad a aceptar esa nueva competencia se ha debido a las dudas sobre su dotación presupuestaria. El sistema de financiación autonómica incorpora ese gasto sanitario, pero el empecinamiento del Gobierno en mantener unos Presupuestos escasamente realistas en el actual escenario de enfriamiento económico y su dogmático compromiso a ultranza con el déficit cero han alimentado la desconfianza sobre la solvencia de las cuentas públicas. Esa desconfianza se ha mantenido incluso después de que el Ejecutivo decidiera crear, en una insólita solución de emergencia, un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, con un tramo estatal y otro autonómico, destinado a financiar los gastos de la sanidad a partir del 1 de enero próximo.

La de la sanidad es una competencia de gran impacto social, esencial en el juicio que los ciudadanos se forman de una determinada Administración. Ello explica que las negociaciones para asumir su traspaso hayan sido especialmente duras y que se prolongaran hasta el último minuto de la fecha límite. Pero han sido unas negociaciones desiguales: el Gobierno ha impuesto unas condiciones previas y sólo en la medida que las aceptaban las autonomías han tenido libertad para forzar acuerdos aceptables para ellas sobre la dotación del nuevo servicio transferido. Los métodos del Gobierno no son menos criticables porque haya existido una presión difusa pero innegable para la aceptación del traspaso sanitario por temor a que se repitiera lo ocurrido con las autonomías que no aceptaron el anterior sistema de financiación. El PP, como el PSOE y CiU, han apostado fuerte, aunque por motivos diferentes, por el nuevo sistema, que avanza en la línea de la recaudación directa sobre las transferencias estatales, diseñando por primera un complejo modelo de aplicación universal. Quedarse fuera suponía permanecer a la intemperie, como tuvieron ocasión de comprobar incluso con el anterior modelo las autonomías gobernadas por los socialistas (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), enfrentadas a una severa merma relativa de sus ingresos financieros.