El PSOE propone una ley que garantice la equidad sanitaria tras las transferencias

El PSOE considera que el Ministerio de Sanidad debería haber elaborado una ley de coordinación antes de las transferencias sanitarias a las 10 comunidades autónomas que las recibieron el 1 de enero. Pero esta ley no estará lista hasta finales de febrero, según Sanidad. De acuerdo con el proyecto de ley que los socialistas presentarán la semana que viene en las Cortes, la modificación de las prestaciones básicas deberá contar con la aprobación de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 'con más competencias', afirmó la diputada Consuelo Rumí.

El borrador que aprobó ayer la ejecutiva del PSOE ha contado con la participación de 'los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por los socialistas, y del Grupo Parlamentario', explicó la secretaria de Inmigraciones, Asuntos Sociales y Sanidad, Consuelo Rumí.

La diputada afirmó que 'una vez más, el Ministerio no ha hecho los deberes, ya que el debate de la ley tenía que haber sido en diciembre, antes de las transferencias'. La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, afirmó la semana pasada que la ley estaría lista para finales de febrero, pero su departamento no ha dado información acerca de su contenido. Ante este retraso, Rumí ha 'ofrecido' al Gobierno su proyecto de ley, por si quiere 'consensuarlo'.

A continuación se enumeran otras de las propuestas del proyecto de ley del PSOE.

- Tarjeta sanitaria. Se creará una tarjeta sanitaria que será válida para todos los servicios de salud del Estado. Este documento permitirá consultar -si el usuario lo autoriza- la historia clínica de los pacientes desde cualquier lugar de España. El Ministerio será el responsable de mantener el registro de tarjetas. La tarjeta también dará la información para que unas comunidades cobren a otras los servicios prestados a los ciudadanos de fuera. Este aspecto coincide con el fondo de desplazados que ha anunciado Sanidad.

- Segunda opinión. El PSOE propone extender 'el derecho a la segunda opinión facultativa' a todas las consultas. También incluye que el paciente pueda acudir a otro sistema de salud si la lista de espera de una especialidad supera un determinado límite de tiempo.

- Habitación individual. Para proteger 'la intimidad y dignidad de los pacientes', el proyecto de ley propondrá 'fomentar de manera paulatina las habitaciones de uso individual en los hospitales públicos'.

- Personal. El Ministerio de Sanidad garantizará la movilidad del personal (sanitario o no) dentro del sistema.

- Alertas. Las alertas sanitarias que afecten a más de una comunidad y la trasposición de directivas europeas serán competencia del Ministerio de Sanidad.

- Nuevas prestaciones. El borrador que debatió ayer la ejecutiva socialista establece que será el Ministerio de Sanidad el que aprobará la inclusión de cualquier nueva técnica o procedimiento en el catálogo de prestaciones básicas. Pero no lo podrá hacer sin contar con la aprobación del Consejo Interterritorial. Sanidad deberá, además, acompañar la aprobación de la dotación económica correspondiente para hacerla efectiva en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Para aprobar un nuevo tratamiento, deberá justificarse que mejora la relación coste-eficacia de los ya existentes.

- Mejoras autonómicas. Las comunidades que deseen ampliar la oferta de servicios podrán hacerlo, comunicándoselo al Ministerio de Sanidad. Éste podrá prohibirlo, si considera que no son servicios seguros. La financiación de la nueva terapia, medicamento o prueba diagnóstica correrá a cargo del Gobierno regional correspondiente.

- Financiación. Con el fin de asegurar que el reparto de los fondos presupuestarios garantice los mismos servicios mínimos para todos, se creará un Centro de Información Económica del Sistema Nacional de Salud. Sólo habrá copago, como ya sucede ahora, en el caso de los medicamentos. Los demás servicios serán gratuitos.

- Medicamentos. La aprobación de nuevos medicamentos, su inclusión o exclusión de la lista de fármacos subvencionados y la aplicación de precios de referencia serán competencias del Consejo Interterritorial. 'Es lógico que las comunidades tengan voz y voto, ya que son ellas las que tendrán que afrontar la factura farmacéutica', aseguraron desde el PSOE.

- Centros de referencia. En el caso de que una comunidad no pueda ofrecer todos los servicios de la cartera, o si son tratamientos muy complicados o poco frecuentes, el Ministerio deberá establecer una serie de centros de referencia, a los que dirigir a los pacientes.

- Carlos III. La finaciación del Instituto de Salud Carlos III (el organismo encargado de la política científica de Sanidad) se repartirá al 50% entre el Ministerio y las comunidades.