El Gobierno añade 300.000 millones más para traspasar la sanidad

El Gobierno cerró ayer el traspaso de la sanidad a las 10 autonomías que lo tenían pendiente. 'Se ha culminado un proceso y se ha abierto una nueva etapa', resumió el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, al anunciar el acuerdo que supone el traspaso a 10 comunidades de 140.000 empleados públicos, 83 hospitales y 35.000 camas. La transferencia, prevista en 1,7 billones según cifras oficiales, supera finalmente los 2 billones de pesetas tras los compromisos contraídos por el Gobierno con las autonomías, que le han obligado a aumentar en 300.000 millones su plan inicial. Aragón, la penúltima en cerrar el acuerdo, logra su reclamación de 10.000 millones más. Paradójicamente, Cantabria, del PP, fue la última en firmar.

El titular de Administraciones Públicas destacó que los 1,7 billones que, oficialmente, supone el traspaso sanitario se ajustan al pacto de financiación autonómica firmado el pasado 27 de julio con las comunidades autónomas. Pero la cifra real de traspaso excede en unos 300.000 millones la cuantía reconocida por el Gobierno: 2,09 billones es la suma exacta, según los datos contrastados con las comunidades autónomas.

Esta cifra recoge compromisos contraídos por la Administración central con las autonomías en fondos europeos y en inversiones adicionales. El objetivo era lograr la firma de unas comunidades autónomas que han mantenido un fuerte pulso para mejorar la dotación financiera de la sanidad. La negociación, iniciada hace un mes, entre representantes de los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas y el Insalud, con las diez comunidades autónomas, una a una, se ha desarrollado hasta el último minuto, toda vez que las negociaciones en las ponencias técnicas, culminadas el pasado 16 de diciembre, fracasaron.

Las cinco comunidades socialistas (Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Asturias) pusieron muchas trabas a la firma, especialmente tras la decisión del Gobierno de enmendar la Ley de Financiación Autonómica y obligarlas a asumir el traspaso sanitario para permanecer dentro del sistema de financiación pactado en julio, votado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves.

Al verse obligadas a elegir entre 'una mala opción y otra peor', en palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, las comunidades autónomas se han decidido por la primera.

Un representante balear en la negociación señaló ayer que el Ejecutivo de las islas, gobernado por el PSOE, aceptaba el acuerdo de traspaso sanitario 'por imperativo financiero', es decir, para no perder los 15.000 millones de su cuota en el nuevo sistema de financiación autonómica. 'Fuera del sistema hace frío', explicaba ayer dicho representante, quien lamentaba no haber logrado un compromiso de la Administración central para inversiones en dos nuevos hospitales, en Inca y en Formentera, informa Andreu Manresa.

Coste para la Administración

Pero el acuerdo no ha sido gratuita para la Administración central, que ha tenido que pagar una factura, comunidad por comunidad, por encima de sus previsiones, de 300.000 millones de pesetas. Así, Asturias, una de las más reacias, ha logrado 156.012 millones, 13.000 millones más que la oferta del Gobierno, de 143.000 millones, y tan sólo 3.000 millones menos que el óptimo fijado por la comunidad socialista.

Extremadura, con 152.000 millones, ha superado con creces los 5.000 millones de más que reclamaba al Gobierno. Castilla- La Mancha, con 231.000 millones ha logrado los 10.000 millones de más que reclamaba sobre la oferta de 221.000 millones que le había presentado el Ejecutivo.

Baleares, con 102.000 millones de pesetas, también ha mejorado, en 2.000 millones, la oferta del Gobierno. Y Aragón, la última comunidad socialista en firmar -lo hizo ayer mismo-, ha logrado superar su cifra óptima y queda en 164.668 millones, casi 10.000 millones más que la oferta del Gobierno central, de 154.977 millones. Aragón había reclamado entre 7.000 y 9.000 millones sobre la oferta de la Administración central.

Un portavoz del Gobierno de Aragón señaló ayer que la Administración central ha cedido porque ellos 'le han aguantado el pulso' y porque 'no se podía dejar fuera del sistema de financiación a una sola autonomía y mantener el costoso sistema del Insalud sólo para Aragón'.

En cuanto a las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Murcia), también han mejorado su posición tras la negociación. Murcia habría pasado de los 115.000 millones ofrecidos por la Administración central a 147.000 millones con los que ha cerrado la negociación. Las restantes han cerrado las siguientes dotaciones financieraspara la sanidad: Madrid, 620.000 millones; Castilla y León, 330.000 millones; La Rioja, 43.805 millones y Cantabria, 80.000 millones.

Cantabria ha sido, con Aragón, la última en firmar el acuerdo con el Gobierno central. Las dificultades de la Administración central con Cantabria se han debido a la financiación del Hospital Valdecilla, un referente de la sanidad, recogido en el Estatuto de la comunidad.

El traspaso de la sanidad a las diez comunidades autónomas que aún no la había asumido culmina prácticamente el proceso de desarrollo del Estado de las autonomías en su vertiente de transferencias.

Sólo quedan pendientes de traspaso los medios materiales de la Justicia y algunos servicios sociales de una envergadura mucho menor que la sanidad, ahora traspasada, y la educación, transferida en los últimos tres años.

Cierre de un proceso

Con el traspaso de la sanidad, las comunidades autónomas -con un 45%- superan en gasto público a la Administración central -un 40%- y a los ayuntamientos, con menos de un 15%. Este traspaso responde a los pactos autonómicos firmados por el PP y PSOE, en 1992, y revalidados hace cuatro.

Los decretos de traspaso los aprueba hoy el Consejo de Ministros y a partir del 1 de enero serán efectivos. Es decir, desde entonces serán todas las comunidades autonómas quienes gestionen la sanidad.

El ministro Posada precisó ayer que el traspaso definitivo de la sanidad a las diez comunidades autónomas que lo tenían pendiente no supone la desaparición del Ministerio de Sanidad.

En el futuro, precisó, dicho departamento se encargará de las funciones de inspección y de 'garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante un servicio básico' como es el derecho a la salud.

Las otras siete comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias) ya habían asumido las competencias de sanidad hace años.