El PSOE reafirma la inconstitucionalidad del traspaso sanitario

El PSOE decidirá el próximo día 8, en la primera reunión del año de la ejecutiva federal, si recurre ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno haya 'impuesto' la transferencia sanitaria a diez comunidades autónomas con la amenaza, si no la aceptaban, de expulsarlas del nuevo sistema de financiación autonómica. La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, se reúne hoy con los consejeros de esas diez autonomías para comunicarles cuáles serán las nuevas competencias del ministerio que ella encabeza.

Al final hubo acuerdo para cerrar el traspaso de la sanidad a todas las autonomías que tenían pendiente esta transferencia. Pero la dirección federal del PSOE no se apea de su denuncia por lo que considera una tropelía del Gobierno, que 'impuso' el traspaso de la sanidad con 'amenazas'. Y considera esta queja compatible con 'la buena negociación' que mantuvieron los presidentes autonómicos socialistas, que 'gracias a la presión han conseguido un incremento al alza' de las cantidades iniciales que les ofrecía el Gobierno, según el responsable de Política Autonómica del PSOE, Juan Fernando López Aguilar.

El final feliz de la negociación no impide que el PSOE empiece el 8 de enero el estudio de un posible recurso de inconstitucionalidad, para lo que tiene tres meses de plazo y tiempo, por tanto, de solicitar informes jurídico-constitucionales.

Dos asuntos podrían ser el objeto de la inconstitucionalidad y ambos fueron introducidos por el Gobierno a través de enmiendas del PP en el Senado, con afectación de la Ley de Financiación Autonómica aprobada en julio: La creación de un impuesto de hidrocarburos para financiar la sanidad y la obligación para las comunidades autónomas de aceptar el traspaso de la sanidad si no querían quedar fuera de la nueva financiación autonómica. Tanto López Aguilar como los titulares de Economía y Asuntos Sociales del PSOE, Jordi Sevilla y Consuelo Rumi, creen que el procedimiento del Gobierno no se ajusta al bloque constitucional relativo a la financiación autonómica. Estos dirigentes añaden que de esta tesis participan muy activamente los presidentes autónomos socialistas.

Pero al margen de la inconstitucionalidad o no del proceso, el traspaso es ya un hecho. Las 10 autonomías que, a partir del martes, deberán gestionar la sanidad se reunirán hoy con la ministra Celia Villalobos para acordar cómo se hará el traspaso. La ministra les comunicará que el Insalud seguirá operativo durante un periodo transitorio de tres meses, para evitar vacíos que puedan afectar a los pacientes.

La clave, para el ministerio, es garantizar que todas las autonomías cubran con las mismas condiciones las 'prestaciones básicas', recogidas en la ley general de Sanidad. Dentro de esa garantía se incluye el tratamiento a los desplazados, es decir, las personas que enfermen o se acojan a tratamiento médico fuera de su comunidad.

Todas estas cuestiones quedarán plasmadas en la ley de Coordinación del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno quiere ver aprobada en febrero. El primer borrador de esa Ley de Coordinación ha sido muy criticado por Cataluña.

Villalobos está negociando con los sindicatos otro texto legal, que el Ejecutivo también quiere aprobar en enero, para garantizar la movilidad geográfica del personal sanitario. Se trata de que 'cualquier médico, enfermero u otro trabajador del sistema pueda ejercer en cualquier comunidad'. Esta garantía de movilidad está ahora restringida a los concursos de traslado que se convoquen.