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Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda e imputado en el caso Gescartera, dedicó ayer las cinco horas y media de su comparecencia ante la Comisión Gescartera a defender su honorabilidad, la de Pilar Valiente y la del Gobierno, al precio de la de su hermana.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, un organismo presidido por José Folgado, secretario de Estado de Economía, recibió dos alertas sobre sospechosos movimientos de capitales fuera de España realizados por Aníbal Sardón, el encargado de proporcionar clientes a Antonio Camacho, dueño de Gescartera e imputado en el caso.
Rodrigo Rato, ministro de Economía, se negó ayer a estrechar la mano que le ofrecía Luis Ramallo, ex vicepresidente de la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) implicado en el escándalo Gescartera. Fue durante el acto protocolario de la toma de posesión del nuevo presidente de este organismo, Blas Calzada.
La intervención del PP para vetar en el Senado un convenio firmado entre dos comunidades autónomas sobre la televisión autonómica, como hoy sucederá en el pleno de la Cámara alta con el protocolo firmado entre las Juntas de Extremadura y Andalucía, no tiene precedentes.
Madrid José María Aznar y el Grupo Popular en el Congreso no coordinaron ayer sus mensajes. El presidente del Gobierno instó por la mañana a los responsables de las autonomías, ante los presidentes autonómicos y regionales del PP, a subir los impuestos si quieren gastar más -'pedir más recursos a sus electores', dijo- porque con el nuevo modelo de financiación considera ya agotados 'los tiempos de reivindicación de recursos ajenos'.
La desarticulación en Francia del aparato logístico de ETA ha dejado sin dinero a los comandos que se encuentran en España y a los terroristas que les apoyan. La policía francesa ha requisado en el apartamento de Dax en el que fue capturado Asier Oiartzabal, jefe de esa división etarra, 'un gran número de sobres con dinero', casi 10 millones, y con mensajes.
Quince años y un día de cárcel y 18 millones de pesetas de indemnización a la familia de la víctima. Ésta es la pena impuesta ayer por el juez a Dolores Vázquez, después de que un jurado popular la encontrara culpable la semana pasada por asesinar a la joven Rocío Wanninkhof, de 19 años.
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