El PP aceptó en Navarra un acuerdo televisivo que rechaza para Extremadura

La intervención del PP para vetar en el Senado un convenio firmado entre dos comunidades autónomas sobre la televisión autonómica, como hoy sucederá en el pleno de la Cámara alta con el protocolo firmado entre las Juntas de Extremadura y Andalucía, no tiene precedentes. El único convenio de este tipo notificado al Senado fue el que suscribieron Euskadi y Navarra en julio de 1996 sobre Euskal Telebista. El PP no puso ningún obstáculo.

En los servicios de documentación del Senado sólo aparece registrado el convenio entre Euskadi y Navarra para que la primera comunidad diera cobertura televisada a la segunda con la señal de su canal público, Euskal Telebista. La escueta notificación de la Presidencia del Senado, de julio de 1996, sobre dicho convenio dice: 'No se han presentado propuestas para que la Cámara y, en su caso, el Congreso, decidan si el convenio entre el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra de los servicios de Euskal Telebista necesita o no autorización de las Cortes Generales'.

Hay al menos otros dos convenios entre comunidades autónomas sobre televisión que ni siquiera fueron notificados al Senado y que el PP tampoco recurrió. Así, en mayo de 1997, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, suscribió con los presidentes de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, y de Castilla-La Mancha, José Bono, un protocolo de colaboración que permitía la recepción de Telemadrid en las dos Castillas y una programación informativa especial para las mismas.

Otro protocolo de intenciones más reciente es el que suscribieron, en enero de 1999, los presidentes de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, y de Baleares, entonces Jaume Matas, que permitió la recepción de TV-3 y de Canal 33 en las islas. Tampoco fue notificado al Senado y no fue recurrido ni por el Gobierno ni por el PP.

El protocolo catalán-balear señala en su punto sexto: 'La Generalitat de Cataluña, a través de Corporación Catalana de Radio y Televisión, y el Gobierno balear estudiarán la viabilidad de establecer franjas horarias de desconexión específicas para las Islas Baleares, de acuerdo con la Ley del Parlamento balear, del 22 de mayo de 1985'. Nunca hasta ahora se llevó a la práctica.

El protocolo de intenciones extremeño-andaluz se limita a señalar en su punto tercero: 'Las actuaciones de cooperación concretas que se fundamenten en este protocolo de intenciones se formalizarán, en su caso, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos o convenios específicos'. Y en el cuarto dice: 'Serán a cargo de la Comunidad Autónoma de Extremadura todos los gastos derivados de la gestión, explotación, edición y, en su caso, producción de las programaciones de televisión difundidas en Extremadura, objeto del presente protocolo'.

Los protocolos de Madrid con las dos Castillas (de 1997) y de Cataluña y Baleares (de 1999), que no fueron notificados al Senado en su momento, están ahora amparados por una modificación de la ley del tercer canal recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000. Dicha modificación dice: 'Las comunidades autónomas podrán celebrar convenios de colaboración para permitir la emisión de uno o varios programas de televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes a sus ámbitos territoriales sean colindantes y que utilicen las frecuencias que tengan asignadas por el Ministerio de Fomento'.

No obstante, el PP afirma que entre los protocolos de intenciones de Cataluña y Baleares y el extremeño-andaluz hay 'diferencias sensibles' que le lleva a rechazar este último. El PP argumenta que el protocolo catalán-balear está amparado por una ley del Parlamento balear, mientras que el extremeño-andaluz crea una televisión propia, gestionada por una empresa privada en la que participa Prisa, al margen del Parlamento extremeño.

El secretario general técnico de Presidencia de Extremadura, Jesús Hernández, replicó ayer que el protocolo de intenciones está amparado en la Ley de creación de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Hernández recordó que el PP evitó que se votase el protocolo en el Parlamento extremeño al impedir que pasara al pleno por falta de quórum en la Mesa, al ausentarse de la misma el representante popular.