Ibarra amenaza con querellarse contra la presidenta del Senado si se veta el acuerdo

La oposición del PP al protocolo de intenciones extremeño-andaluz sobre televisión ha abierto un conflicto con el resto de los partidos que ha afectado al funcionamiento del Estado de las autonomías, en una escalada creciente. Ayer, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció una querella criminal contra la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, si el pleno de la Cámara decide hoy 'poner en marcha la maquinaria para vetar el convenio sobre televisión suscrito entre Andalucía y Extremadura'.

El presidente extremeño argumentó su anuncio en 'el trato discriminatorio sufrido por Extremadura y Andalucía' respecto a otras comunidades autónomas que 'suscribieron convenios similares y no fueron intervenidos por el Senado', en referencia a Cataluña y Baleares, a Madrid y las dos Castillas, y al País Vasco y Navarra. Insistió en que el protocolo extremeño-andaluz 'no es un acuerdo de cooperación sino un convenio, tal y como lo califica la Ley del Tercer Canal, en que está amparado'. El presidente extremeño ve en la actitud del PP 'una operación política orquestada contra el socialismo extremeño', e incidió en que 'esta situación pone en peligro el Estado autonómico'.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, acusó al PP de atentar contra el 'espíritu de la Constitución' al vetar el Senado un acuerdo entre autonomías. 'Aznar, que tiene la responsabilidad de garantizar la cohesión, debería intervenir e impedir que el PP lleve a cabo esta tropelía', apuntó Chaves, segñun informa Jesús Arias, desde Granada. La posición de ambos dirigentes socialistas fue respaldada ayer por el secretario de Política Autonómica del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, quien señaló que 'estamos ante un grave atentado contra el Estado de las autonomías'.

El portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, trató de suavizar el conflicto. Afirmó que la votación de hoy en el pleno no significa el rechazo del protocolo sino su calificación como acuerdo de cooperación. Apuntó que 'no hay plazo' para su rechazo o aceptación y que 'lo razonable sería que se abriera una negociación entre la Junta de Extremadura y su oposición'.