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El PP se queda solo en su veto al acuerdo televisivo de Ibarra y Chaves

La oposición acusa a los populares de 'conculcar el Estado autonómico'

Luis R. Aizpeolea

Pese al rechazo demás de los grupos parlamentarios por 'la inédita vulneración del principio de cooperación autonómica', el PP impuso su mayoria absoluta en la Comisión de Autonomías del Senado -por 28 votos frente a los 14 del resto de los grupos y una abstención de IU-. Un próximo pleno del Senado ratificará la desautorización del convenio. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Carlos Sánchez Polo, retó al Gobierno al anunciar que 'continuará la colaboración en televisión entre Andalucía y Extremadura. ¿Qué va a hacer el Gobierno para impedirlo?', dijo.

El convenio firmado el 9 de julio pasado por Chaves y Rodríguez Ibarra permite que Canal Sur se pueda ver en la región extremeña y que en las desconexiones cuente con programas propios, cuya producción correrá a cargo de la empresa Petsa, participada en un 51% por PRISA y un 49% por empresarios de la región.

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Sánchez Polo y el consejero de la Presidencia andaluza, Gaspar Zarrías, recordaron que este convenio es similar al firmado en 1999 por el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, y el de Baleares, Jaume Matas, por el que TV3 podía verse en las islas y disponer de programación propia en las desconexiones. Zarrías y Polo insistieron en que dicho convenio no requirió la autorización del pleno del Senado.

Los portavoces del PSOE, Juan José Laborda; de Entesa, Isidre Molas; de IU y de los grupos nacionalistas -CiU, PNV y BNG- denunciaron el 'abuso' que el PP, a través de su portavoz, Jesús Sánchez Cuadrado, hizo ayer del artículo 145.2 de la Constitución en que amparó 'esta decisión sin precedentes'.

Dicho artículo señala: 'Los estatutos [de autonomía] podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales'.

Todos los grupos excepto el PP coincidieron en que el protocolo firmado se ajusta -como todos los precedentes- a un convenio, al ser de 'gestión y prestación de servicios propios', por lo que bastaba la mera notificación a la Mesa del Senado. Pero el portavoz del PP insistió en que 'implica competencias compartidas y, por tanto, es un acuerdo de cooperación, que debe ser sometido a la autorización del pleno del Senado'. Además, criticó 'la participación de un grupo privado -por PRISA- en la gestión de un ente público' y que el Parlamento extremeño no lo ratificara.

El vicepresidente extremeño replicó que si el Parlamento extremeño no había votado el convenio fue porque el PP se había ausentado de la Mesa para impedir que hubiera quórum y pasara al pleno.

Todos los grupos censuraron al PP por haber llevado una 'polémica local y por asuntos innombrables' al Senado y destacaron la 'gravedad' que supone para el Estado autonómico que una Cámara territorial 'vulnere el principio de cooperación autonómica' con el rechazo del convenio.

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