IU y PP activan en el Senado el mecanismo contra el acuerdo televisivo de Chaves e Ibarra

El pleno del Senado, con el apoyo de PP e IU (sólo votó uno de sus dos senadores), calificó ayer como acuerdo de cooperación el protocolo de intenciones suscrito entre las Juntas de Extremadura y Andalucía sobre televisión. El partido del Gobierno pone así en marcha la maquinaria parlamentaria para vetar un convenio entre dos autonomías. Será la primera vez que ocurra en la historia de la democracia. El PP anunció que ahora se tratará el asunto en la Comisión de Autonomías para que se pronuncie por el veto y, posteriormente, se ratificará en otro pleno del Senado.

La mayoría absoluta del PP impuso que el convenio extremeño-andaluz sobre televisión, firmado el 9 de julio pasado, sea considerado 'acuerdo de cooperación', lo que permite a la Cámara Alta erigirse en juez y pronunciarse sobre el mismo. Otro convenio de similar naturaleza, firmado entre Euskadi y Navarra en 1996 sobre Euskal Telebista, no recibió ningún veto del Senado.

De los 131 votos a favor de iniciar los tramites para tumbar el convenio entre Andalucia y Extremadura, 130 fueron del PP y uno de IU. Hubo 68 votos en contra -PSOE, CiU, PNV, Entesa- y tres abstenciones de Coalición Canaria.

La oposición criticó al PP por el distinto tratamiento que le ha dado a este convenio respecto a otros similares, que no requirieron la autorización del pleno del Senado e incluso, en algunos casos -como el convenio catalán-balear o el de Madrid con las dos castillas- que ni siquiera fueron notificados a la mesa de la Cámara Alta.

El protocolo extremeño-andaluz permite que Canal Sur se vea en Extremadura y que en las desconexiones, la región extremeña pueda disponer de programación propia, gestionada por una productora en la que participa Prisa en un 51% y un grupo de empresarios de la región en un 49%.

La oposición acusó al Gobierno de 'utilización abusiva del Senado, dónde el PP tiene mayoría absoluta, para cambiar el sentido del voto en una comunidad autónoma, como Extremadura, dónde es el PSOE quien gobierna y el PP está en minoría'.

Joaquín Galán, del PSOE, calificó la actitud del PP de 'uso perverso' del Senado para cambiar el sentido del voto en las comunidades autónomas. 'Esta votación abre el precedente en el Senado de utilizar la Cámara para hacer oposición a los gobiernos autonómicos'.

Begoña Loroño, del PNV; Francesc Marimon, de CiU; e Isidre Molas, de Entesa (grupo formado por senadores de PSC, IC y ERC), coincidieron en que el protocolo de intenciones extremeño-andaluz es un convenio similar a otros, que no requiere la autorización del pleno del Senado. También insistieron en que la polémica sobre el contenido del convenio, si ha cumplido o no los trámites, 'es un asunto que compete a la Asamblea de Extremadura, pero no al Senado'.

'Traer este debate al Senado es hacer de esta Cámara un tribunal de las comunidades autónomas', dijo la representante del PNV.

Marimón, de CiU, aseguró que este convenio, notificado por la Junta de Extremadura al Senado, es similar al que suscribieron Cataluña y Baleares, sin que requieriese ninguna autorización del Senado, y expresó su 'gran inquietud' por 'la decisión política que ha tomado el Senado' por la intervención del PP.

Victoriano Rios, de CC, también denunció al PP por el 'riesgo de utilizar el Senado' para dirimir querellas internas en las autonomías con la consiguiente 'debilitación del Estado de las autonomías'.

El portavoz del PP, Vicente Sánchez Cuadrado, defendió en solitario la tesis de que el conflicto suscitado en Extremadura sobre televisión había que dirimirlo en el Senado. Incluso el único votante de IU, Manuel Cámara, que acompañó al PP en el voto, denunció al partido del Gobierno por 'concebir el Senado como una Cámara de tutelaje del Estado de las autonomías' y por 'iniciar el camino del Estado encorsetado y centralista'.

Sánchez Cuadrado y Cámara coincidieron en descalificar el protocolo extremeño-andaluz. El portavoz del PP insistió en que es un 'acuerdo de cooperación' y, por tanto, de naturaleza distinta al de otros convenios como el catalán-balear, y en que el procedimiento seguido por la Junta de Extremadura para poner en marcha la televisión 'niega el control del Parlamento regional' y, además, lo deja en manos de una producción privada. La oposición replicó que este asunto lo tenía que dirimir el Parlamento de Extremadura y no el Senado.

La Junta de Extremadura anunció que retiraba el escrito que amenaza con una querella contra la presidenta del Senado al entender que con la votación de ayer, el Senado aún no rechazaba el convenio extremeño-andaluz sino que sólo ponía en marcha la maquinaria para hacerlo.