'Podemos juzgar a todos los que no fueron juzgados'

'Sinceramente, no esperaba que la repercusión fuera tan grande', dice el juez antes de iniciar la entrevista. Gabriel Rubén Cavallo, 42 de años, juez federal argentino (equivalente a magistrado de la Audiencia Nacional), ocupa desde el martes las primeras páginas de todos los diarios, tras adoptar una de las decisiones judiciales más trascendentales desde el fin de la dictadura: la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a más de mil militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.

Pregunta. ¿Cómo llegó a la conclusión de que las dos leyes aprobadas en 1986 y 1987 son inconstitucionales?

Respuesta. Yo tenía una investigación por apropiación de una menor, que es uno de los delitos que no estaban cubiertos por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pudimos dar con el paradero de la menor, Claudia Victoria Poblete, y entregarla a sus familiares de sangre. Se procesó a los padres apropiadores que la habían registrado como su hija; el padre era un coronel de espionaje del Ejército. Seguimos investigando para dar con los captores de la niña y llegamos a dos represores de la época, que trabajaban en el centro clandestino de detención donde estuvo encerrada esta gente. Después, el CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales] se presentó como parte querellante y me pidió que declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dediqué dos personas a una investigación de cinco meses sobre los antecedentes nacionales e internacionales y llegamos a la conclusión de que las leyes son inválidas.

'Que hayan sido votadas no significa que sean constitucionales. Los únicos que puedan dar fe de la legitimidad de las leyes son los jueces'

P. Hay otras causas abiertas sobre robo de bebés pero ningún juez ha llegado tan lejos.

R. Bueno, es que este es un caso paradigmático. Los autores de la apropiación de la menor son las mismas personas que actuaron en el secuestro, tortura y desaparición de los padres de la niña.

P. ¿Se abre la puerta para reabrir numerosas causas?

R. Puede ser un precedente para otros jueces. Tiene que haber peticiones de las partes y aportación de pruebas. En este caso existían todas esas cosas.

P. ¿Cuál sería el límite?

R. Si todos los tribunales superiores compartieran mi opinión, me refiero a la Cámara de Apelaciones y a la Corte Suprema, no habría limite. Se podría reabrir y juzgar a toda la gente que en su momento no pudo ser juzgada. No se puede hablar de cosa juzgada porque en todos los casos de los más de mil militares que fueron beneficiados con estas leyes nunca hubo procesos. Sólo habría límite en la gente que fue juzgada y condenada, unas diez personas.

P. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora?

R. La defensa ha presentado recurso. Tengo esperanzas de que el caso llegue hasta la Corte Suprema, que tiene una nueva composición respecto de aquella que legitimó estas leyes. Hay que ver qué opinan los nuevos magistrados. Además, en mi resolución se ofrecen nuevos argumentos que no fueron tratados en aquella oportunidad. Es una nueva visión de los delitos de lesa humanidad.

P. ¿Se puede hablar de un efecto del caso Pinochet en la internacionalización de la Justicia?

R. Lo que creo es que Argentina, como nación, tiene la obligación de respetar los pactos que firmó antes y después de la sanción de las leyes que obligan a la persecución de crímenes de lesa humanidad.

P. El Gobierno argentino ha dicho a través del ministro de Defensa que las leyes son constitucionales porque fueron aprobadas por el Parlamento.

R. No tengo interés en polemizar con el Gobierno. Yo pretendo vivir en democracia y éste es un Estado republicano donde todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. Jurídicamente, la opinión a la que usted se refiere está errada, porque la circunstancia de que las leyes hayan sido votadas en el Congreso no significa que sean constitucionales. Los únicos que puedan dar fe de la legitimidad de las leyes son los jueces.

P. Actuaciones como la de usted o del juez Baltasar Garzón en España, o el juez Juan Guzmán en Chile, ¿no son el reflejo de la ausencia de un tribunal internacional?

R. Si hubiera un tribunal internacional, tal vez sería más institucional la cuestión. Sería muy importante porque dejaría de lado toda esta cuestión de si se invade o no la soberanía de un país. Se acabaría la discusión y jueces como Garzón, Guzmán o ahora yo, no tendríamos, tal vez, tanta relevancia mediática. Sería bueno que se terminara de constituir el tribunal de Roma para delitos que violan el derecho de gentes. Piense que los juicios del genocidio nazi no se acabaron en Nuremberg, siguen en muchas partes del mundo investigándose y buscando a los criminales de guerra por distintos países.P. Su decisión de anular las leyes ¿divide o une a los argentinos?

R. No lo sé. Espero que sirva. No me toca a mí hacer esa consideración. Me parece que en los últimos 15 años han pasado muchas cosas en Argentina y en la comunidad internacional. Hace 15 años nadie habría imaginado lo que han podido hacer Garzón o Guzmán o los jueces suizos o franceses que juzgaron al teniente [Alfredo] Astiz. ¿Qué pasó? Hubo una evolución en el Derecho.

P. ¿Cuál es el punto de inflexión en la nueva manera de entender la justicia?

R. Lo cierto es que la jurisdicción internacional actúa a partir de que tiene una posición diferente a la de países como Argentina y Chile, que defienden lo que llaman el principio de territorialidad. Las víctimas en esos países que no pueden conseguir justicia ante delitos tan atroces y aberrantes recurren a jurisdicciones internacionales de países que sí reconocen la validez de las convenciones que obligan a esos países a investigar delitos de lesa humanidad.

P. ¿Qué opina de los que sostienen que si se reabren todas las causas pendientes, la investigación judicial no tendrá fin?

R. Yo sí creo que tiene fin. Si la Justicia argentina pusiera en funcionamiento esos procedimientos y se llegara en cada caso a encontrar o no a los responsables, según el resultado de la investigación, podría darse una respuesta institucional en punto a la verdad y en punto al esclarecimiento de los hechos. Ese va a ser el final. Cuando la justicia diga en cada caso: fulano es culpable y tiene tanta pena, o fulano es inocente y debe ser absuelto. Ese es el único final. No finalizan con leyes que imponen al juzgador una realidad inexistente, diciendo: esto no pasó.

P. Ha recibido algún tipo de presión o amenaza?

R. De ningún tipo.

P. Usted ha calificado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final como leyes de impunidad. ¿Quién la ampara?

R. Bueno, el poder político con la sanción de esas leyes, y el poder judicial con la convalidación de la constitucionalidad de esas leyes. El Estado.

P. ¿Se siente usted en el papel de justiciero solitario?

R. Para nada. Yo estoy acompañado por una gran parte del poder judicial argentino que comparte mi opinión, por un gran sector de los jueces argentinos y extranjeros que me han dado su apoyo. Me siento muy respaldado. No soy un Robin Hood, soy uno más de tantos jueces que toman estas cuestiones desde esa óptica.