Ofensiva en Argentina para reabrir los juicios a los militares

Los uniformados han dejado la palabra al flamante ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que ha cuestionado la decisión del juez Cavallo. Según Jaunarena, 'ambas leyes son constitucionales porque fueron promovidas y votadas por el Congreso' . Cavallo, por su parte, declaró ayer a Radio Mitre 'que el Poder Judicial es el último intérprete de la constitucionalidad de las normas; la circunstancia de que sean votadas por el Congreso no les da ningún carácter legal'.

Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pilotó la demanda de inconstitucionalidad de las leyes anuladas, estudian la eventual responsabilidad penal de Brinzoni en el fusilamiento de 22 detenidos, en diciembre de 1976, en el Chaco, por policías y militares que simularon el ataque de un grupo subversivo. El actual comandante en jefe del Ejército era secretario general de la gobernación de la provincia del Chaco durante la dictadura.

Apoyándose en el fallo judicial del juez Cavallo, el CELS pedirá la reapertura de las causas de las monjas francesas desaparecidas Alice Domon y Leonie Duquet, que fueron detenidas en diciembre de 1977 y trasladadas al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El capitán de fragata Alfredo Astiz, acusado de torturas y de la desaparición de las religiosas, fue juzgado en rebeldía por un tribunal francés que en 1990 lo condenó a cadena perpetua. La justicia argentina rechazó una orden internacional de captura contra Astiz. La Cámara Federal de Buenos Aires dictó su prisión preventiva, pero la medida nunca se llevó a la práctica porque el militar estaba amparado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Otra causa que puede reabrirse en los próximos días es la de la también desaparecida Marie Anne Erize Tisseau, joven franco-argentina que fue secuestrada en la provincia de San Juan en octubre de 1976 por un grupo de militares a las órdenes del hoy mayor retirado Jorge Antonio Olivera. En este caso hay implicados tres militares en activo: el teniente coronel Carlos Luis Malatto y los coroneles Eduardo Cardozo y Eduardo Vic. La causa está archivada en la Cámara Federal de Mendoza. Olivera fue detenido el año pasado en Italia a raíz de una orden de captura procedente de la justicia francesa. El militar logró escabullirse presentando un certificado de defunción de la joven desaparecida, que, según se comprobó después, era falso.

La decisión del juez Cavallo ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación y en diversos sectores de la sociedad argentina. Elogios y críticas se suceden a la hora de evaluar el paso dado por este magistrado, altamente respetado en el poder judicial, que investiga la suplantación de identidad de Claudia Victoria Poblete, hija de Gertrudis Hlaczick y José Poblete, detenidos y desaparecidos en 1978.

Un camino largo

'Esto marca un camino que va a ser largo. Será difícil abrir caso por caso. Esperamos que la Corte Suprema redondee este fallo del juez', declaró Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. El juez federal Adolfo Bagnasco, que instruyó varias causas de robos de hijos de desaparecidas, apuntó: 'Es un fallo muy importante, con mucha trascendencia en la vida jurídica y política'.

Especial atención despertó la reacción del ex presidente Raúl Alfonsín, ya que fue el Gobierno que presidía en los años 1986 y 1987 el que aprobó las leyes anuladas por Cavallo. 'Entonces había tensión en los cuarteles , y opté por defender el futuro de los derechos humanos', dijo Alfonsín, que ha presentado su candidatura a senador. 'Hoy no parece posible ese riesgo, pero siempre es peligroso volver 20 años atrás en la historia'. Por su parte, Brinzoni dijo la semana pasada que declarar inconstitucionales las leyes sería un retroceso 'porque contribuyeron a que la sociedad argentina viviera una relativa calma'.