Un juez argentino anula las leyes que impidieron juzgar a cientos de militares

La resolución, en respuesta a la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no sólo habilita el proceso a todos los involucrados en el secuestro de Gertrudis Hlaczik, de su esposo José Poblete Roa, y de la hija de ambos Claudia Victoria Poblete, de ocho meses, también abre la posibilidad de que se vuelva a someter a juicio a todos los acusados supervivientes que no hubieran sido beneficiados, además, con el indulto dictado en 1990 por el presidente Carlos Menem.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ya habían sido derogadas por el parlamento en marzo de 1998, pero sus efectos protectores cesaban desde ese momento en adelante y mantenían abierto el paraguas de impunidad sobre el pasado. Las apelaciones de los abogados defensores podrían llegar en recurso extraordinario a la Corte Suprema, pero si el máximo tribunal coincide con el juez, los familiares de las víctimas estarían habilitadas para pedir la reapertura de las miles de demandas cerradas en 1987. Por el caso Poblete la justicia podría alcanzar al fin a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados hasta llegar al general retirado Carlos Suárez Mason, comandante del primer cuerpo del Ejército de Tierra entre 1976 y 1979, en cuya juridiscción funcionaba el campo de concentración conocido como El Olimpo.

'Acto de genocidio'

En 129 folios, el juez federal Cavallo -'el más respetado de los jueces federales' y 'el único que podía hacer esto', según sus colaboradores- considera que la desaparición forzada de personas 'es un delito de lesa humanidad que es, por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable'. En la instrucción del expediente, el juez Cavallo ya había anticipado que el delito era un 'acto de genocidio', tal como lo interpretó la Audiencia Nacional española al confirmar las atribuciones del juez Baltasar Garzón para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo las dictaduras de Argentina y Chile.

El general Ricardo Brinzoni, actual comandante en jefe del Ejército de Tierra, había advertido de que declarar la inconstitucionalidad de las leyes sería 'un retroceso porque contribuyeron a que la sociedad argentina viviera un periodo de relativa calma'. El malestar de los altos mandos es inocultable por la coincidencia de decisiones judiciales y proyectos parlamentarios que les afectan, precisamente a dos semanas de recordarse con diversos actos el golpe de Estado que dio la junta militar encabezada por el ex general Jorge Videla contra el Gobierno constitucional de María Estela Martínez, Isabel, la viuda y sucesora de Perón, el 24 de marzo de 1976, hace ahora 25 años.

Dos diputados del Frepaso, Frente de Peronistas y Socialistas que integran el grupo parlamentario de la Alianza en el poder, impulsan un proyecto de ley para que se ordene a las Fuerzas Armadas realizar actos recordatorios del golpe de Estado en cada regimiento. Un portavoz militar declaraba ayer a EL PAÍS: '¿Cómo cree que nos sentimos? Mal, por supuesto. Nosotros aprendimos duramente la lección. Hemos hecho todo lo posible para contribuir a la reconciliación y nunca como ahora estuvimos subordinados a la Constitución y a las leyes'. El Ejército de Tierra se propone abrirse aún más a la sociedad 'para estar cada día más cerca de la gente'.

La buena noticia para los militares es el regreso, precisamente esta misma semana, de Horacio Jaunarena al Ministerio de Defensa en reemplazo de Ricardo López Murphy, que fue desplazado al de Economía. Jaunarena ocupaba el cargo cuando se aprobaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como si no hubieran pasado ya 15 años desde entonces, ayer, al día siguiente de asumir el cargo, Jaunarena tuvo que retrotraerse a las posiciones que defendía entonces: 'El Gobierno no va a hacer nada ni va a emitir opinión sobre una decisión judicial, porque podría interpretarse como una presión, pero si en su momento estas leyes fueron promovidas y votadas por el Parlamento, creo que son constitucionales'.