La Fiscalía se opone a imputar a Mazón por la gestión de la dana al no ver de momento indicios suficientes

Movimiento de calado sobre el futuro judicial del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que deje la causa de la dana en manos de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra, según un informe del Ministerio Público. Con su posición, la institución no descarta la responsabilidad penal en la tragedia del exjefe del Consell, pero considera que “en este momento, no se cuentan con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación” del político en las pesquisas sobre la riada que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.

En un documento firmado por el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz, el organismo insta al alto tribunal a devolver la causa al juzgado de Catarroja. La institución se pronuncia así sobre la exposición razonada –compendio de los presuntos delitos de Mazón- que la magistrada Ruiz Tobarra emitió hace dos semanas. La jueza justificaba que existían indicios para que el TSJCV investigara al exmandatario por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave con resultado catastrófico, que está recogido en el artículo 142 del Código Penal. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, el popular no puede ser imputado por un juzgado de instrucción.

El organismo estima que, de las conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa, como el mensaje de la mano derecha de Mazón, el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca, en el que le insta a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a no confinar a la población, no se puede deducir que el exjefe del Consell mandara en la emergencia. Tampoco cree probado la Fiscalía que en las las charlas telefónicas que la exconsejera mantuvo con Mazón (11.32, 13.03 y 14.11) informara al entonces president de la gravedad de la desgracia.

Los argumentos recogidos en la exposición razonada de la jueza de Catarroja -según la Fiscalía- no prueban que Mazón mantuviera una posición de garante durante la crisis o que diera órdenes a Pradas, la exconsejera al mando de la emergencia.

“No puede obviarse que, a lo largo del procedimiento, se puedan producir declaraciones o aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, señala el organismo. El documento se refiere a los presuntos movimientos que el popular pudo hacer desde el restaurante El Ventorro, donde pasó casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana, para influir en las decisiones que tomaba la principal investigada en la causa, la exconsejera Pradas. “Procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”, apunta el Ministerio Público.

La institución apela a jurisprudencia del Tribunal Supremo para analizar algunos de los puntos atribuidos al exdirigente por la jueza de Catarroja, como su posición de garante en la crisis. “La ley 13/2010 no atribuye ninguna competencia específica en materia de protección civil y de gestión de emergencias al presidente de la Generalitat”, matiza el organismo. “El hecho objetivo es que la situación de emergencia catastrófica autonómica no fue declarada por el señor Mazón, lo que determinó que la cadena de mando prevista en la propia Ley permaneciera inalterada”, abunda la Fiscalía. “La preminencia del president sobre los consellers implica necesariamente que, en el caso de que se diesen instrucciones concretas, [...] fueran atendidas”, alega.

El movimiento de la Fiscalía se produce después de que la jueza de Catarroja reclamara al alto tribunal valenciano investigar a Mazón. Tras más de 15 meses de pesquisas, en los que han declarado más de 500 testigos, la magistrada argumentaba que el expresident se situó el día de la desgracia en el epicentro de una cadena de “groseras negligencias”.

Ruiz Tobarra vinculaba a Mazón “con un resultado mortal de 230 fallecidos” y censuraba que el popular hubiera permanecido impasible en el restaurante El Ventorro de Valencia mientras sucedían episodios extremos, como el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la catástrofe al inundar municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.

La magistrada de Catarroja también sostenía la tesis de que Mazón permaneció ajeno a la catástrofe, minimizó su impacto, mantuvo su agenda institucional durante jornada y desoyó las advertencias de organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que el mismo día de la dana emitió un aviso rojo, el máximo en la escala.

La jueza también conectó a Mazón con la piedra angular de su investigación, el envío tardío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se coló en los terminales a las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Ruiz Tobarra ha sostenido en decenas de autos, avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, que si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

El escrito remitido por la Fiscalía al TSJCV se suma al de las decenas de acusaciones populares y particulares personadas en la causa y al de las defensas de los dos esxaltos cargos de Mazón investigados: la exconsejera Pradas y quien fuera su segundo, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos han pedido al alto tribunal que se archive la causa contra ellos. El abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, ha dado un paso más al calificar las pesquisas contra expresident de “prospectivas”.