La jueza del siniestro de Adamuz quiere tener en tres días los nombres y el presupuesto de los peritos independientes

El juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz, del que es titular la jueza Cristina Pastor, espera contar en un plazo de tres días con los tres ingenieros de Caminos que harán las veces de peritos independientes en la investigación. Pastor cuenta con una lista facilitada por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Andalucía, de la que los expertos solicitados deben jurar el cargo para analizar el siniestro que envolvió a un tren de alta velocidad de Iryo y a un Alvia de Renfe el pasado 18 de enero, dejando 46 víctimas mortales.

La instructora del caso remitió la semana pasada un auto pidiendo efectivos al Colegio. La lista fue entregada el viernes, con un pequeño ramillete de profesionales, y este lunes se añade una diligencia de ordenación en la que se traslada a los potenciales peritos “las condiciones económicas para realizar el informe pericial, sin perjuicio de proceder con posterioridad y una vez manifiesten interés y predisposición a realizarlo, a realizar la insaculación y designación conforme a lo establecido en la ley procesal”.

Los ingenieros contactados deberán entregar al juzgado un presupuesto sobre el coste económico del proceso, teniendo en cuenta el tiempo que prevén emplear en la prestación de este servicio de asistencia, la valoración del coste por hora, los medios que consideran necesarios y otros gastos justificados. El pago se realizaría una vez presentado el informe y la unión de este a los autos.

El Tribunal de Instancia de Montoro tenía pedida desde semanas atrás la intervención de expertos independientes adscritos al Colegio andaluz de Ingenieros de Caminos, con más de 15 años de experiencia e historial en el terreno ferroviario. Su informe se sumará al que realice la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano que tiene bajo custodia las principales pruebas recogidas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz. Ambos trabajos complementarán las pesquisas que lleva a cabo la Guardia Civil.

La investigación avanza esta semana tras el volcado de las cajas negras de ambos trenes y de las imágenes del sistema de videovigilancia que iba embarcado en el ETR 1000 de Iryo. La extracción de toda esta información fue autorizada por la jueza y llevada a cabo en dependencias de la CIAF el pasado jueves. La jueza Pastor ha querido tener su propio peritaje, al igual que los habrá por parte de las operadoras o de la gestora de la infraestructura Adif.

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía opera en este caso como corporación de derecho público y maneja una lista oficial de peritos que actualiza y envía a primeros de año al Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, decanatos, etcétera. En un caso excepcional como el de Adamuz, en el que hay víctimas mortales, el Colegio establece los filtros que pide el juzgado y traslada la lista, tal y como se hizo el pasado viernes con la jueza de Montoro. Posteriormente es el propio juzgado el que se dirige a cada uno de los candidatos para conocer su disponibilidad.

De no presentarse como voluntarios ninguno de los identificados, el juzgado volverá a reclamar al Colegio una lista, esta vez ampliada, con lo que se podría saltar en la búsqueda a otras comunidades autónomas.

La justicia tiene establecidos baremos de precio para este tipo de servicios, por lo que el peritaje en el caso de Adamuz dependerá del tiempo y medios que cada ingeniero crea necesarios para realizar un laudo del que se desprende responsabilidad civil para el autor.