Tribuna
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Reeducar a los militares

Ni el paso del tiempo ni la obediencia a una orden superior disculpan los crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser perdonados y que deben ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Así lo dijeron en 1996 el fiscal Carlos Castresana, quien, por la Unión de Fiscales Progresistas, puso en marcha la rueda de la justicia universal, y el juez Baltasar Garzón Real al aceptar su denuncia contra un centenar de militares argentinos por genocidio, tortura y terrorismo, cometidos en la Argentina en perjuicio de argentinos. Hasta ahora sólo el ex dictador chileno Augusto Pinochet y dos marinos argentinos que se atrevieron a salir de sus países habían sentido las consecuencias de este principio, aplicado a los delitos atroces y aberrantes. Hugo Grocio en 1600, Emmerich de Vattel en 1700 anticiparon lo que el moderno Derecho internacional establecería a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora un juez argentino hizo propios esos conceptos y reanudó en Buenos Aires el procesamiento de los militares de la guerra sucia. Feliz coincidencia: el 24 de marzo se cumplirá un cuarto de siglo del último golpe militar de la historia argentina.

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El juez Gabriel Cavallo dispuso la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en respuesta a una solicitud que firmé el año pasado como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. También estamos trabajando para asegurar que ninguna rencilla ni sectarismo de esos que apasionan a las fuerzas progresistas impidan una masiva concentración unitaria en la plaza de Mayo en el aniversario del golpe de Videla, Massera & Cía.

Hace seis años dije a la revista Time que era una pretensión absurda que una madre se reconciliara con la persona que mató a su hijo y que lo importante era acostumbrarse todos a vivir pacíficamente, respetando las reglas y las instituciones de la democracia. Mario Vargas Llosa me respondió en EL PAÍS que una sociedad necesita "tiempo y, sobre todo, mucha práctica" hasta impregnarse de esa cultura democrática y reeducar a los militares. "Eso no se aprende en la teoría, sino en el quehacer diario, en el ejercicio cotidiano de la legalidad y en el funcionamiento de las instituciones civiles", sobre las que las Fuerzas Armadas hacen pender "la sombra del cuartelazo".

No en la teoría, sino en el ejercicio cotidiano de la legalidad institucional, en el Cono Sur estamos reeducando a las Fuerzas Armadas. El juicio penal, que discierne la verdad de los hechos y asigna responsabilidades y castigos a quienes los merecen, es la mejor práctica para que aprendan a convivir en la legalidad quienes llegaron a creer que la ley y el Estado eran ellos.

El pueblo argentino abrió rumbos, con sus organismos de derechos humanos que durante la dictadura militar denunciaron sus atrocidades; con la comisión investigadora sobre la desaparición de personas que estableció los extremos a los que había llegado la barbarie castrense; con los juicios que llevaron a la cárcel a los ex dictadores. Ni siquiera la Ley de Obediencia Debida, arrancada a punta de bayoneta, fue disuasivo eficiente para el afán de justicia de la sociedad. Sondeos publicados este domingo arrojaron un 78% de opiniones favorables a la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, porcentaje aún mayor al de quienes se habían opuesto a su sanción y a los indultos menemistas.

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Luego de las confesiones de Adolfo Scilingo en 1995 se iniciaron en todo el país los denominados juicios de la verdad, en los que se determina el destino de cada desaparecido, pero no se puede castigar a sus asesinos. La Asociación Argentina de Derechos Humanos de Madrid alentó y alimentó a Carlos Castresana para su denuncia quijotesca y varios jueces argentinos reactivaron los juicios por el robo de bebés, que hasta entonces no habían avanzado. Con ese motivo están bajo arresto domiciliario los ex dictadores Videla y Bignone, el ex almirante Massera y los miembros de la última Junta Militar.

Cuando Garzón ordenó el arresto de Pinochet en Londres las voces del sentido común y de los negocios advirtieron sobre la fragilidad de la democracia chilena y descalificaron al magistrado como poco serio. Pero el tribunal de justicia más conservador del mundo, el de los Law Lords, concedió su extradición a España, como acaban de hacer un juez y el Gobierno mexicano con el torturador argentino Sérpico Cavallo (que no es pariente del juez ni del ex ministro). La componenda política devolvió a Pinochet a casa. Entonces la Corte Suprema de Justicia que él mismo había designado lo desaforó para que el juez Juan Guzmán lo juzgara por la caravana de la muerte. Hoy se atreven a testimoniar en su contra hasta generales y la democracia chilena se ha fortalecido.

En esas condiciones, no había razón alguna, jurídica, ética, nacional o internacional, para que no se reanudaran en la Argentina los juicios interrumpidos hace casi quince años. La causa en la que lo pedimos es la del secuestro de un matrimonio chileno-argentino con su bebita, entonces de ocho meses, que fue anotada como propia por un coronel del Ejército. Ya el año pasado el juez Cavallo devolvió su identidad a la niña, hecha hoy mujer, arrestó al coronel Ceferino Landa y a los ex policías El Turco Julián y Colores. Este último negó su participación, pero gracias a la televisión de Cataluña pude presentar al juez un vídeo en el que el torturador se jactaba de haberlo hecho cuando se creía a salvo. Lo que pedimos y dispuso la justicia es que también se procesara por la desaparición de los padres a ellos y a toda la cadena de mando que comienza con el siniestro general Suárez Mason, ya condenado en rebeldía en Italia.

No lo hicimos pensando en el pasado ni con afán retributivo. Lo que nos guía es el presente y el futuro. Cuando los juicios se iniciaron, en 1984, el 90% de quienes habían actuado en el genocidio seguían en actividad. Hoy la proporción es por lo menos inversa. Por su fecha de ingreso y los grados que tenían en el momento de los hechos, nueve de cada diez oficiales del Ejército actual están libres de sospecha. Y del 10% restante habrá que determinar, con el estricto apego por los procedimientos legales que la dictadura nunca practicó, quién tuvo y quién no tuvo algo que ver. Sospecho que no son muchos, porque de otro modo ya hubieran sido denunciados. El problema es que el actual jefe de Estado Mayor del Ejército, general Ricardo Brinzoni, fue secretario general de la gobernación de la provincia del Chaco en 1976, cuando se produjo allí la espantosa masacre de Margarita Belén, en la que dos docenas de detenidos, torturados hasta no poder tenerse en pie, fueron ejecutados con el inverosímil pretexto de un intento de fuga. Los abogados del CELS estudiarán si hay elementos para acusarlo como cómplice o encubridor. Por eso, Brinzoni pretende cubrirse detrás de los jóvenes, en una defensa corporativa, injusta con la democracia argentina y con el propio Ejército.

La impunidad no es algo que se circunscriba a un momento y a un sector de la sociedad, sino una mancha venenosa que se extiende hasta cubrirlo todo. Si los más graves crímenes cometidos en la historia de nuestro país quedaran sin castigo, ¿qué sistema jurídico tendría legitimidad para castigar los delitos menores, que en comparación con aquéllos son todos los demás? Una serie de asesinatos, los casos de corrupción política, lavado de dinero y brutalidad policial, en los que la justicia actúa tarde y mal, han generalizado una sensación de impunidad que degrada la convivencia. La reanudación de los juicios por el genocidio del siglo XX será vital para construir sobre bases sólidas la democracia del XXI, para que vivamos en una República y no como rehenes de diversas mafias que se ríen de la ley porque se sienten fuera de su alcance. En una biografía reciente, el ex dictador Videla descalificó los cargos por torturas con esta tremenda frase: "En este momento se está torturando en alguna comisaría". De prevenir eso se trata, precisamente.

Horacio Verbitsky es escritor y periodista, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales y miembro del comité directivo de Human Rights Watch/Americas.

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