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Las iglesias y el Ejército entregan a Lagos los datos sobre desaparecidos después de seis meses de búsqueda

Representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de las iglesias católica y evangélica, el credo judío y la masonería entregaron ayer al presidente Ricardo Lagos los informes que durante seis meses prepararon estas instituciones sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura de Pinochet, al amparo de una ley dictada el año pasado, después de un acuerdo suscrito por la mesa de diálogo de militares y abogados defensores de los derechos humanos, que protege el secreto de la fuente de información.

El Gobierno entregará hoy los informes a la Corte Suprema para que la justicia investigue su veracidad, y el próximo lunes, Lagos dará cuenta al país por cadena nacional de los datos recopilados. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió ayer por carta al jefe del Estado que los antecedentes sean entregados de manera personalizada a los parientes de las víctimas y que la lista de los cuerpos que serían ubicables no se divulgue hasta que los familiares lo decidan.

Las principales expectativas se centran en el contenido de los informes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes dirigieron -y efectuaron- la represión en la dictadura, que ayer entregó a Lagos el vicario general castrense, Pablo Lizama. Aunque previamente los militares dijeron que ellos no tenían estos datos, sino que estaban en poder de uniformados en retiro, después presionaron con que la recopilación de información fue afectada por el caso Pinochet. De los 1.102 detenidos desaparecidos que hubo en la dictadura de Pinochet, 193 han sido ubicados -la mayor parte en democracia- en cementerios y fosas clandestinas, mientras quedan por ubicar los restos de 909 personas.

Diversas fuentes esperaban que los informes entregados ayer -descartando aquellos casos en que se repiten nombres o en que se proporcionan antecedentes de casos ya aclarados- alcanzarán a más de 300. Pero esto dependerá de la naturaleza y rigurosidad de la información -los datos que recogieron algunas instituciones son más claros que los de otras-, la validez de las fuentes y de cuántos restos se encuentran en algunas sepulturas. Todo será investigado por la justicia.

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