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EL "CASO PINOCHET"

La justicia argentina interroga a los suboficiales detenidos por robar bebés

Los suboficiales retirados de la Marina argentina detenidos por su presunta participación en el robo de bebés durante la dictadura empezaron ayer a desfilar por los tribunales de Buenos Aires, donde declararon ante la juez María Servini de Cubría. Para los investigadores emerge la punta del iceberg de un plan de sustracción de hijos de detenidas desaparecidas. Estela de Carlotto, presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, lo describe así: "Hemos descubierto una cueva de ladrones en la que los bebés eran el botín de guerra".La "cueva de ladrones" a la que se refiere Carlotto no es otra que la base naval de Mar del Plata, a la que pertenecían los siete suboficiales detenidos y acusados del robo y suplantación de identidad de una decena de menores. Cobra fuerza, pues, la teoría de que este perverso método represivo obedeció a un plan sistemático, tal y como sostiene el juez Adolfo Bagnasco, que instruye otra causa por el mismo delito, y se desvanece el argumento de que sólo hubo casos aislados de robo de bebés.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que inició la larga búsqueda del paradero de sus nietos, acusa a la cúpula de la Marina de encubrir y proteger a quienes se apropiaron de los menores. "Lo hicieron durante la dictadura y lo siguen haciendo hoy", asegura. ¿Hay pruebas de esta presunta connivencia de los jefes de la Armada? "Qué mejor prueba que ver la realidad", responde Carlotto. "Estas personas que han sido detenidas estaban en un edificio donde se repartían los bebés. Era vox populi y la cúpula no hizo nada. Hay marinos que se apropiaron de nuestros nietos y nadie, ningún jefe, vio nada. Cuando termine la investigación de la juez Servini presentaremos una demanda al Ministerio de Defensa para que intervenga".

Última prueba

El último indicio de una supuesta responsabilidad de los jefes de la Marina lo aportó una fuente reservada a la juez Servini, a la que informó de que el capitán de fragata Jorge Vildoza, en situación de prófugo de la justicia desde 1985, entró clandestinamente en Argentina para pasar las fiestas de fin de año. Este militar está acusado de apropiarse de un bebé que nació en el centro de detención clandestino de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).

Inscrito al ser alumbrado en 1977 como Javier Gonzalo, 21 años después el joven se sometió voluntariamente a los estudios genéticos por sospechar que era hijo de desaparecidos. Las pruebas demostraron que sus padres biológicos eran Hugo Reynaldo Penino y Cecilia Viñas, que fueron secuestrados en julio de 1977. Las abuelas de Plaza de Mayo replican que si se confirma que Vildoza entró en Argentina y nadie lo detuvo quedaría demostrada la colaboración de los jefes de la Marina con los apropiadores de bebés. "El único militar que tuvo un gesto positivo fue el general Balza , cuando reconoció los errores de la guerra sucia y pidió perdón. La Marina y la Fuerza Aérea jamás han abierto la boca", afirma Estela de Carlotto.

Fuentes de la investigación señalan que la documentación incautada en los domicilios de los militares detenidos es comprometedora. Citan, por ejemplo, las partidas de nacimiento, que tienen el aspecto de haber sido falsificadas. Junto a estos documentos, la juez Servini cuenta con valiosos testimonios de esposas de suboficiales y vecinos de los detenidos. No será fácil la tarea que tiene por delante la magistrada. Ni exenta de riesgos.

La juez Servini investiga el paradero de los menores sustraídos, de los que hasta la fecha han sido localizados 65. De esta cifra, 34 vivían con matrimonios civiles que habían recibido a los chicos sin conocer su origen. Otros ocho fallecieron. Son datos de Abuelas de Plaza de Mayo, que cifran en torno a los 500 el número de bebés robados. El también juez federal Adolfo Bagnasco investiga "la metodología general" del plan diseñado por los altos mandos de la dictadura, algunos de los cuales están procesados y en arresto domiciliario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 2000

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