Garzón se dispone a procesar por genocidio a un centenar de altos jefes militares argentinos

El juez Baltasar Garzón ultima el procesamiento por genocidio, terrorismo y tortura de un centenar de militares argentinos, incluidos diez jefes de las juntas militares. Este enjuiciamiento había sido solicitado por siete asociaciones de derechos humanos españolas y argentinas. Cuando prospere su iniciativa y Garzón pida la extradición será Fernando de la Rúa, el nuevo presidente argentino, quien tendrá que lidiar con el problema. Un diario bonaerense le invitaba ayer a "diferenciarse" de su predecesor, Carlos Menem, que cesará en diciembre.

Las asociaciones de derechos humanos y una formación política, Iniciativa per Catalunya, pidieron la semana pasada al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dicte un auto de procesamiento contra más de un centenar de militares argentinos, la mayoría de ellos ya imputados.En la lista figuran diez miembros de las juntas castrenses que gobernaron el país entre 1976 y 1983, los diez jefes de los tres primeros cuerpos del Ejército durante ese mismo periodo y numerosos militares relacionados con la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, el principal centro de torturas contra los adversarios de la dictadura.

Los integrantes de las juntas fueron juzgados y condenados en tiempos del presidente Raúl Alfonsín, pero su sucesor, Carlos Menem, les indultó nada más llegar al poder, en 1990. Los oficiales de menor rango se libraron de la justicia gracias a la leyes de Punto Final y Obediencia Debida de 1986 y 1987.

Otros ocho militares, cuatro de ellos también miembros de las juntas, han sido procesados en Argentina por el "robo" de recién nacidos, hijos de mujeres encarceladas por su militancia, que eran entregados en adopción a familias vinculadas al Ejército.

El diario bonaerense Página/12 dio por descontado ayer que Garzón procesará a toda la cúpula argentina, al tiempo que señalaba en su primera página que éste sería "el primer test" para De la Rúa. Cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, De la Rúa hizo más de una declaración desmarcándose tímidamente de la actitud de Menem, opuesto a colaborar en las causas argentina y chilena que instruye Garzón.

Los poderes judiciales de ambos países, afirmó De la Rúa en mayo, "deben colaborar y respetarse". El mes anterior, sin embargo, el candidato de la opositora Alianza renunció a auspiciar una visita de Garzón a Argentina y advirtió de que, si viajaba a Buenos Aires, se negaría a declararle "visitante ilustre".

Entre los responsables de la Alianza que encabeza De la Rúa se vaticina ahora que el próximo Ejecutivo tendrá una actuación similar a la de su predecesor. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Alfonsín y un experto de la Alianza en temas militares, dijo, a título personal, que "Garzón no tiene competencia alguna para avanzar por el camino por el que está avanzando, mientras no exista un tribunal internacional", y aseguró que "la actitud correcta" es la de Menem.

Otro íntimo colaborador del presidente electo, que prefirió no ser citado por su nombre, descartó que se fuese a cooperar ahora con Garzón: "Los juicios a militares han sido muy costosos para nuestro país. Ya tuvimos varios intentos de golpes de Estado. Además, el 70% de los argentinos se niega a reabrir ese capítulo".

Menem reiteró en diversas ocasiones que Garzón -a quien califica de "juez vedette"- no tiene competencia para actuar judicialmente contra militares argentinos ni contra el exdictador Pinochet. El año pasado firmó el decreto presidencial 111/98, que prohíbe proporcionar asistencia judicial en la causa abierta por Garzón contra antiguos responsables de la dictadura. El decreto señala que "dar curso a las rogatorias iría en desmedro de la soberanía de nuestro país" y que "acceder al pedido equivale a violentar los intereses esenciales de la nación".

Los diputados del Frepaso, una rama de la Alianza, Alfredo Bravo y Jorge Rivas, presentaron en agosto un proyecto de ley para derogar el decreto. Los dos legisladores denunciaron además a Menem por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de tratados internacionales.

Cooperación inexistente

Desde el juzgado de Garzón se lamenta también el desprecio de Menem por la jurisdicción española que supone una violación del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial firmado en 1987 por los gobiernos de España y Argentina.

Dos abogados españoles, Guillermo Valera y Víctor Hortal, presentaron una reclamación administrativa instando al Ejecutivo español a denunciar a Argentina ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por el incumplimiento del convenio de 1987. Su reclamación no fue contestada, motivo por el cual el pasado día 20 interpusieron ante Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo con el propósito de obligar al Gobierno a llevar a Argentina ante La Haya.