Votos e impuestos

La inculpación por la juez Palacios de Ernesto Aguiar y José Maria Huguet ha puesto en marcha una nueva faceta procesal del caso Torras/Kio, cargada de consecuencias jurídico-penales para ambos acusados y de implicaciones político-electorales para el PSOE. Este episodio ocupará un destacado lugar de deshonor dentro de la infame crónica de escándalos de corrupción de estos años. Aguiar fue delegado de Hacienda en Cataluña hasta 1988 y director general para la Coordinación de las Haciendas Territoriales hasta 1992; Huguet desempeñó la jefatura de la inspección tributaria en Cataluña entre 1985 y 1994. Ambos acusados han reconocido ante la magistrada de la Audiencia Nacional que durante el periodo 1985-1990 ocultaron cerca de 500 millones en sus declaraciones de la renta; también han confesado el origen de esa fortuna (operaciones de bolsa realizadas clandestinamente con un capital inicial de 10 millones) y la ayuda prestada por Juan José Folchi, abogado de Javier de la Rosa, para ingresarlas en cuentas secretas de Suiza. Estos astutos inculpados, aunque han reconocido la autoría de esos delitos menores ya prescritos, desmienten enérgicamente cualquier acusación de cohecho.Durante esos años, el Gobierno socialista lanzó grandes campañas publicitarias para recordar a los ciudadanos su deber moral de contribuir ("Hacienda somos todos") y llevó ante los tribunales como escarmiento a algunos defraudadores famosos. Aguiar y Huguet, sin embargo, no aplicaron a sus fraudulentas declaraciones de la renta el rigor inquisitorial desplegado contra los restantes contribuyentes incumplidores; aprovechando su doble condición de juez y parte, estos cínicos émulos de Torquemada, infieles depositarios de la información privilegiada acumulada por el Ministerio de Hacienda, ocultaron los astronómicos beneficios obtenidos -dicen- gracias a un chiringuito bursátil. Aun aceptando, cosa difícil, que esas sumas millonarias no procedieran de sobornos pagados a los inspectores a cambio de su benevolencia, el caso Aguiar/Huguet es nauseabundo: no hay atenuantes para el comportamiento farisaico, prepotente y ventajista de unos funcionarios de Hacienda consagrados a sermonear a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales y a perseguirles por el menor incumplimiento, pero resueltos al tiempo a defraudar al Tesoro abusando de su privilegiada posición.

Este escándalo salpica inevitablemente al candidato socialista a la presidencia del Gobierno. No se trata sólo -aunque también- de que Borrell fuese secretario de Estado de Hacienda mientras altos cargos de su confianza defraudaban al fisco y se enriquecían mediante procedimientos entre los que podría figurar el cohecho; además, Aguiar y Huguet pertecen a su círculo de amigos personales, como pone en evidencia la simultánea adquisición en 1992 de tres apartamentos contiguos en una estación de montaña. Tomadas cada una por separado, la relevancia pública y la dimensión privada de la proximidad entre el candidato socialista y los inculpados hubiese sido ya incómoda; la coincidencia de la confianza política y de la amistad personal depositadas sobre esas dos personas por el indivisible secretario de Estado de Hacienda Borrell constituye una mezcla explosiva.

A fin de sembrar cizaña, confundir a la opinión y suministrar una coartada paranoica a los afectados, algunos periodistas al servicio del Gobierno han difundido la abracadabrante y disparatada teoría según la cual el caso Aguiar/Huguet sería un torpedo lanzado contra el candidato por la Ejecutiva socialista. Con la seguridad de haber hecho firmemente presa en el escándalo, el PP mantiene por ahora un perfil bajo de denuncias para poder jugar con el candidato -como el gato con el ratón- hasta las elecciones generales. En el prólogo a la edición castellana de La Tercera Vía, de Tony Blair (Aguilar, 1998), Borrell cierra sus reflexiones sobre la creciente desafección de la sociedad hacia los asuntos públicos con una certera conclusión: "Hoy más que nunca los ciudadanos merecen un respeto por parte de los políticos". A su conciencia y a su sentido común corresponde decidir ahora si su candidatura a la presidencia del Gobierno puede ser o no interpretada por los potenciales votantes socialistas como una muestra más del desprecio con que los profesionales del poder tratan a los electores.